
El Ministerio del Interior ha reiterado su defensa cerrada a la labor de los "agentes de inteligencia" de la Policía Nacional porque se encargan de captar información relevante para la seguridad pública, según ha dicho en respuesta a las críticas de Sumar aludiendo al arresto de un activista que documenta casos de policías infiltrados en movimientos sociales.
"La actividad de obtención de información de los agentes de inteligencia señalados no se realiza sobre ideologías ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para la seguridad pública", ha indicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada el 20 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Sumar, que comparte gobierno con el PSOE, se había interesado por el arresto en junio en Madrid del activista Jorge Jiménez, del que destacaban que es conocido por su labor de investigación en torno a casos de infiltración policial en colectivos sociales, y añadían que se produjo --"según la información disponible"-- bajo la acusación de falsedad documental y revelación de secretos.
En concreto, las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas preguntaban por las medidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que investigan o denuncian posibles infiltraciones policiales, recordando otros casos que han provocado una "profunda preocupación en la sociedad civil".
AGENTE DE INTELIGENCIA, NO ENCUBIERTO
Como ha hecho anteriormente ante denuncias similares de ERC y otras formaciones políticas, el Ejecutivo ha aprovechado para subrayar que los hechos denunciados guardan relación con la labor del "agente de inteligencia", al amparo de las funciones encomendadas a la Policía Nacional por el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y no a la actividad del "agente encubierto" que regula el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Ejecutivo ha añadido, por tanto, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan "en todo momento desde el estricto cumplimiento de la Ley, con la máxima profesionalidad y con plena sujeción a los valores constitucionales, como es propio de un Estado de Derecho".
De esta forma, contestaba a las quejas de Sumar por las infiltraciones policiales en colectivos sociales como Distrito 14 de Moratalaz, recordando que las mismas han llevado a la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional, todavía pendientes de resolución.
La formación que lidera Yolanda Díaz también apuntaba a países como Reino Unido que han acogido investigaciones parlamentarias y judiciales que han conducido a que las autoridades reconozcan abusos y ofrezcan disculpas públicas por estas infiltraciones.
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