Bolaños ve "histórica" la ley que deja las causas penales en manos de fiscales:"Han tenido que pasar 106 ministros"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ve "histórica" la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que cambiará la forma en la que se dirigen las investigaciones penales, actualmente a cargo de los jueces de instrucción, para dejarlas en manos de los fiscales. La norma también permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para dejar fuera a los partidos políticos.

Así se ha pronunciado Bolaños este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras destacar que el objetivo de este nuevo texto es modernizar el proceso penal para ajustarlo a la justicia del siglo XXI.

"Quiero decirles que en demasiadas ocasiones se utiliza el término histórico. Permítanme, en esta mesa, que después de 143 años utilicemos el término histórico (...)", ha manifestado para celebrar que el Gobierno haya aprobado el texto para enviarlo a tramitación a las Cortes Generales.

En esta línea, Bolaños ha incidido en que "han pasado unos cuantos años" desde 1882, cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. "Han tenido que pasar doce Papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que el Consejo de Ministros apruebe una Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha añadido.

Al hilo, ha recordado que la norma vigente ha contado con "más de 80 reformas", de "parches", desde su nacimiento. Y ha recalcado que, si bien este no es el primer Gobierno que ha intentado sacar adelante una nueva LeCRIM, sí es el primero "que lo ha conseguido" y que va a llevarla a las Cortes. Según ha explicado, con este proyecto de ley el Ejecutivo también ha aprovechado para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Bolaños ha incidido en que la ley está redactada para entrar en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectaría ni a los procedimientos iniciados antes de esa fecha ni al actual fiscal general del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027.

Este texto cambia el modelo actual de instrucción para que la Fiscalía dirija las causas penales. Según el ministro, con esta modificación se homologa el proceso penal español "a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales". "No es en absoluto una idea novedosa", ha agregado.

El proyecto apuesta por concentrar la investigación en los fiscales en un proceso autónomo que estará controlado por un juez de garantías --figura que se crea ahora con la ley--. Finalizada esta fase, un segundo juez --el de la audiencia preliminar-- será el responsable de decidir si se abre el juicio oral; en caso de que si, un tercer juez juzgará los hechos.

Preguntado por las críticas que ha suscitado este punto en varias asociaciones judiciales, Bolaños ha asegurado que le "duele" que se cuestione la "profesionalidad y la imparcialidad" del Ministerio Público. "Pero sobre todo dolerá más a los fiscales cuando escuchen este tipo de críticas", ha añadido.

LIMITACIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR

El proyecto de ley también prevé delimitar la figura de la acusación popular para dejar fuera a las personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos.

"Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas", ha aseverado Bolaños.

En la actualidad, varias de las causas penales más mediáticas han surgido o cuentan con la presencia de partidos políticos, sindicatos y asociaciones entre las acusaciones populares. Este es el caso de las investigaciones abiertas a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o al hermano de éste, David Sánchez; o la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En éstas figuran como acusaciones populares el PP o Vox, así como Manos Limpias o Hazte Oír.

Asimismo, la nueva ley delimita los delitos en los que se puede ejercer la acusación popular, entre ellos los relativos a corrupción, contra derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal. Según ha apuntado Bolaños, se establece un "catálogo" que recoge, "básicamente, delitos que tienen que ver con intereses colectivos, es decir, que no afectan a intereses de partidos".

Preguntado sobre si ve posible que Sumar apoye el texto en las Cortes, dado que ha avisado de su oposición a que se deje fuera de las acusaciones populares a los partidos, Bolaños ha asegurado que la formación "está absolutamente de acuerdo" con el texto aprobado este martes, aunque ambos partidos tienen una "visión diferente" de esta figura.

Con todo, el ministro ha avisado de que hará "un llamamiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para lograr una mayoría". Y ha precisado que el texto, en lo que respecta a la regulación de la acusación popular, es "diferente" a la proposición que impulsó el PSOE en la Cámara Baja con la intención de que "salga adelante".

APUESTA POR PACTOS CON LA FISCALÍA

El ministro también ha señalado que el nuevo proyecto apuesta por impulsar los acuerdos de conformidad penal entre defensas y Fiscalía para evitar litigios innecesarios, "si es posible en fases tempranas del procedimiento".

"Que no suceda lo que estamos viendo en el 'caso Gürtel', donde los acusados reconocen los hechos (...) en las puertas del juicio oral. Vamos a intentar que durante la tramitación del proceso se eviten investigaciones que se prolongan innecesariamente", ha remarcado.

EL MANDATO DEL FISCAL GENERAL

El proyecto a su vez incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fijar que el mandato del fiscal general del Estado pase a ser de cinco años y no coincida con el del Gobierno, como hasta ahora.

Además, prohíbe de forma expresa que el Ejecutivo pueda remitir cualquier indicación a la Fiscalía sobre asuntos concretos. Y se prevé que las comunicaciones generales sean públicas y queden registradas.

Para impedir ceses discrecionales, la norma contempla que el fiscal general solo podrá ser cesado en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y previo informe del CGPJ.

Desde el Gobierno defienden que esta reforma otorga "mayor autonomía interna a la Fiscalía" al fijar que el nombramiento, ascenso y sanciones más graves queden atribuidas al fiscal general y no al ministro de Justicia, como hasta ahora. Y destacan, además, que se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de, al menos, las tres quintas partes de sus miembros.

La reforma respetará que la designación del fiscal que debe hacerse cargo de una investigación sea predeterminado internamente con un sistema objetivo, público, avalado por la Junta de Fiscalía y en el que el criterio principal será la cualificación jurídica y la especialización.

LA FISCALÍA ESTARÁ A CARGO DE LA POLICÍA JUDICIAL

El texto aprobado este martes incluye a su vez una serie de cambios que acompañan el hecho de que se deje en manos de los fiscales las causas penales. Entre ellos, que la policía judicial dependa funcionalmente del Ministerio Fiscal cuando asuma una investigación, siempre respetando la jerarquía orgánica policial. Hoy por hoy, depende de los jueces de instrucción.

Desde el Gobierno destacan que el proyecto de ley en el capítulo relativo al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal recoge todas las "observaciones esenciales" contenidas en el informe del Consejo de Estado.