
La directora de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado, ha recordado este lunes que la Estrategia Industrial de Defensa de 2023 y la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional ya apuntaban a la "desconexión" de las industrias militares de terceros países, antes de la crisis con Israel.
Así se ha expresado la general Gutiérrez Hurtado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, requerida por el proceso de "desconexión" militar de Israel anunciado por el Ministerio de Defensa, antes de la aprobación de una ley que consolida el embargo de armas a Israel que el Gobierno propugna que sucede 'de facto' desde el 7 de octubre de 2023.
La idea pasaba por sustituir los productos israelíes sin perjuicio a las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque persistían las dudas sobre cierto material de Inteligencia, de equipamiento o tecnología, para el que el Ministerio de Defensa había admitido "dependencia". Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dio por concluido el vínculo industrial con Tel Aviv en el ámbito de la defensa a mediados de septiembre.
El diputado del PP Rafael Hernando se ha interesado por la "desconexión" y ha puesto el foco en la treintena de contratos para el suministro de material militar cancelados. Según ha denunciado, se trataba de "armamento fundamental" para la "seguridad" de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha querido saber si el Gobierno ha pagado "indemnizaciones" en virtud de esas cancelaciones "unilaterales".
EN ESPAÑA O EN CONSORCIOS EUROPEOS
La general Gutiérrez Hurtado, que forma parte del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, se ha limitado a recordar que la Estrategia Industrial de Defensa de 2023 y la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional ya apuntaban a la "desconexión" de las industrias militares de terceros países. Para los materiales "críticos", ambos documentos mencionan que deben ser nacionales o provenir de consorcios europeos.
Las competencias dependen de los ministerios afectados, ha agregado, rehusando dar más datos pues considera que la desconexión militar "ya ha sido objeto de presentación por los distintos ministerios".
El Ministerio del Interior firmó la semana pasada el acuerdo para iniciar el procedimiento de resolución del contrato "por imposible cumplimiento" para adquirir 15 millones de balas para la Guardia Civil. Defendió que la liquidación tiene un coste de "cero euros" y prevé sólo la devolución de 275.000 euros por un depósito adelantado por la empresa.
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