La Fiscalía Europea (EPPO) ha preguntado al Tribunal Supremo (TS) si en la causa que dirige contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García está investigando contratos financiados con fondos europeos.
En el suplicatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano exhorta al magistrado instructor Leopoldo Puente a que le informe "sin dilación" alguna sobre el "objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados".
Las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, que firman el escrito remitido el 24 de septiembre al alto tribunal español, recuerdan que la ley fija que en caso de que los contratos investigados hayan sido sufragados con fondos europeos la competencia para investigar es de la Fiscalía Europea.
Fuentes de la defensa de Cerdán inciden en que, de momento, la Fiscalía Europea no ha ejercido su "derecho de avocación" para reclamar la instrucción, pero sostienen que en caso de que así lo haga el magistrado del Supremo "debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia".
De ser así, supondría atomizar aún más el denominado 'caso Koldo', que ya se investiga en dos tribunales y en distintas piezas. Estalló en febrero de 2024 con las entradas y registros en casa de Koldo y otros investigados, en el marco de unas pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional (AN) que entonces se centraban en la adjudicación a una empresa relacionada con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, de contratos de material sanitario en plena pandemia.
Desde entonces, el caso ha evolucionado hasta el punto de que en noviembre de 2024 el Supremo abrió causa a Ábalos, por su presunta implicación en esos hechos y su condición de aforado al ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, si bien ya por el Grupo Mixto.
A lo largo de estos meses, el Supremo se ha ocupado también de investigar a Koldo y De Aldama, únicamente en lo tocante a Ábalos, y ha indagado en otros hechos, como la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro, en dos empresas públicas --Tragsatec e Ineco-- sin que realmente trabajara pero sí cobrara, aunque esto último lo ha derivado a la Audiencia Nacional.
El Supremo amplió las pesquisas el pasado junio, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública y señalara a Cerdán por su "papel principal", provocando su ingreso en prisión provisional el 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Ante la creciente complejidad del caso, Puente decidió recientemente desgajar la investigación que dirige en el alto tribunal, para abrir una línea dedicada exclusivamente a los presuntos amaños de obra. En la resolución donde lo acordó, explicó que respecto a los demás hechos las pesquisas están muy avanzadas, previendo que podrían llegar a término en breve, pero que en lo relativo a la adjudicación de obra están en fase embrionaria.
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