La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha denunciado durante la apertura del año judicial en Madrid el "verdadero colapso del sistema" que supuso la entrada no controlada y "muy numerosa" de menores migrantes no acompañados por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante 2024, tachando de "intolerable" que se les "intente criminalizar".
En una solemne ceremonia, celebrada este miércoles en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Lastra ha dado cuenta del balance de la criminalidad que arroja la Memoria Anual de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2024.
La fiscal ha tachado de "intolerable" que desde algunos sectores se les "intente criminalizar, cuando lo único que intentan es tener un futuro que no pueden conseguir en sus países de procedencia".
"La polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas crea un clima de hostilidad hacia los colectivos vulnerables que favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra sus miembros", ha afirmado.
Sobre esta cuestión, ha destacado el elevado número de expedientes de determinación de edad de menores extranjeros procedentes de las Islas Canarias, sino también, y de manera mucho menos controlada y muy numerosa, a través de Barajas, en vuelos procedentes, especialmente, de Casablanca y Egipto.
Así, de los 1.937 menores migrantes no acompañados registrados en 2024, 1.110 (casi un 57,5%) accedieron a la Comunidad de Madrid por esta vía, por Barajas, (fueron 399 en 2023).
Para la fiscal, esta situación ha supuesto "un verdadero colapso del sistema, no sólo de las infraestructuras aeroportuarias, sino de los recursos destinados a acoger a estas personas, entre ellos, los centros de primera acogida". Y también del área sanitaria, pues "se cuenta únicamente con un centro hospitalario para realizar, en su caso, las pruebas radiológicas, lo que está suponiendo retrasos de hasta 8 meses en la emisión de informes".
SALAS DE INADMITIDOS DE BARAJAS
En la memoria, se recoge la situación crítica de las salas de inadmitidos y asilo del aeropuerto Adolfo Suárez debido a las llegadas en tránsito al aeropuerto con solicitud de protección internacional en frontera, dando lugar al "absoluto desbordamiento" de la capacidad de los medios materiales y humanos del aeropuerto.
"Ello ha generado situaciones de difícil abordaje en el servicio de guardia, que han requerido la coordinación entre dicho servicio y su decano y la sección de extranjería para tratar de resolver cuestiones tan delicadas como el posible compromiso a los derechos fundamentales", señala.
Al respecto, el texto apunta que estas oleadas masivas de viajeros fueron cesando a medida que se iban imponiendo los visados de tránsito a las respectivas nacionalidades por parte de las autoridades competentes.
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