Las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas, integrantes del Grupo Parlamentario de Sumar, han registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las infiltraciones de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en movimientos sociales ante una posible vulneración de derechos fundamentales en estos procedimientos policiales.
En los últimos meses se ha hecho pública la existencia de agentes infiltrados en organizaciones políticas y sociales. Uno de los casos más recientes es la detención en junio en Madrid del activista Jorge Jiménez, quien investigaba estas infiltraciones. Fue arrestado por falsedad documental y revelación de secretos, aunque el juez que conoció su caso rechazó la solicitud de la Policía para obtener el contenido completo de su teléfono móvil, considerando la medida desproporcionada.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de actuaciones pueden ser interpretadas como "intentos de intimidar a quienes investigan estos abusos".
El caso de Jiménez no es aislado, según Más Madrid. Así, señalan en esta batería de preguntas que en años recientes se han documentado otras infiltraciones en colectivos como el Distrito 14 de Moratalaz, algunas de ellas durante varios años, lo que llevado a recursos ante el Tribunal Constitucional, cuyo fallo aún está pendiente.
A pesar de que en países como el Reino Unido se han realizado investigaciones parlamentarias sobre este tipo de prácticas y se han emitido disculpas públicas por parte de las autoridades, estas parlamentarias de Sumar denuncian que en España "no se han asumido responsabilidades ni se han implementado mecanismos de control suficientes para garantizar la proporcionalidad y legalidad de las infiltraciones".
En sus preguntas al Ejecutivo, Sidi y Recas quieren saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que investigan o denuncian infiltraciones policiales en movimientos sociales, y cómo asegura que las actuaciones policiales en este ámbito se realizan con respeto a la legalidad vigente, la libertad de información y la participación política.
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