El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes desde Canarias.
Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.
Se trata de la segunda acción judicial impulsada por el Ejecutivo autonómico para frenar esta medida, después de que el pasado marzo, a la par que otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería.
El nuevo recurso que ahora interpondrá la Abogacía de Baleares, en cambio, va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
El Govern ha considerado que este real decreto "vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidad autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores".
Esta regulación, ha añadido, "afectaría gravemente a la autonomía financiera" de Baleares, dado que "pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad"
((Habrá ampliación))
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