El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez y al de Canarias que cada 15 días le entreguen un informe conjunto con los "avances" en la acogida de los casi mil menores migrantes no acompañados que han llegado al archipiélago y solicitado asilo.
En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo les recuerda esta obligación para conocer "los avances producidos en ejecución de lo acordado" por el alto tribunal.
La Sala Tercera toma esta decisión tras amenazar al Ejecutivo central con "medidas coercitivas", como sanciones pero apuntando también a la vía penal, si persistía en su "claro incumplimiento" del mandato judicial que le dio el 25 de marzo para que se hiciera cargo de estos menores como medida cautelar.
Entonces, avisó de que "en el plazo improrrogable de 30 días" debía dotarse "a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional de los medios personales y materiales necesarios para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas". Todo ello, "sin que pueda transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud", precisó.
También dio un plazo de 15 días al Gobierno para que articulara "en la forma que resulte más eficaz la colaboración con Canarias mediante la puesta a disposición de la misma de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional, con precisión del calendario de reuniones".
En ese momento, el Supremo ya indicó que "de todo ello deberá darse cuenta detallada cada 15 días hasta su completo cumplimiento", algo que reitera ahora en la citada providencia, reclamando además que sea un informe conjunto.
"EVIDENTES RETRASOS Y DEFICIENCIAS"
El TS reprochó que los "evidentes retrasos y deficiencias existentes en la tramitación de las solicitudes" estaban generando "una situación abiertamente incompatible" con el estatuto de solicitante de dicha protección, "si no claramente vulneradora del mismo".
Todo ello, concluía, "en la medida en que se está privando a los menores que aún no la han formalizado, durante un extenso periodo de tiempo, del acceso al mismo --a salvo, exclusivamente, al parecer, el derecho a la no devolución--".
Tras esta advertencia, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo el pasado 25 de junio por el que el Ejecutivo central se comprometió a dar de alta "de manera inminente" en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores migrantes.
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