El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado en su reunión de este miércoles, 11 de junio, interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, al entender que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".
Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz, en la que ha anunciado dicho recurso contra el Decreto-ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La portavoz de la Junta ha criticado que el Gobierno decidió dicho reparto de menores "sin diálogo y sin negociación" con las comunidades autónomas, que "al final somos las verdaderamente afectadas", según ha remarcado.
La consejera ha señalado que "Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen".
En esa línea, la portavoz de la Junta ha alegado que "hay falta de recursos económicos" e "invasión de competencias" por parte del Gobierno, y "por eso" el Gobierno andaluz ha decidido recurrir dicho decreto al Tribunal Constitucional "apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".
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