CSIF plantea garantizar por ley subidas salariales con el IPC para los empleados públicos

Madrid, 26 may (EFE).- El sindicato CSIF impulsará una proposición de ley para garantizar que el salario de los empleados públicos suba cada año con la inflación y dejen de ser "rehenes" de la voluntad de cada Gobierno.

Durante una rueda de prensa, el secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Lama, ha explicado que el sindicato moverá entre los grupos parlamentarios esta proposición para que se garantice como mínimo una subida anual de acuerdo con la evolución del IPC, como ocurre, por ejemplo, con las pensiones.

Lama ha añadido que esta subida mínima luego se debería mejorar en la negociación para ir recuperando una pérdida de poder adquisitivo acumulada que el sindicato cifra en el 21,95 %.

Los empleados públicos, ha lamentado, están "siendo rehenes" de la voluntad del Gobierno de presentar unos Presupuestos Generales del Estado.

Además de la subida pendiente del 0,5 % del año pasado, ha recordado Lama, el Gobierno aún no ha abierto la negociación para los incrementos salariales de este año y los siguientes.

"Hay un grave desinterés del Gobierno, los empleados públicos no entran en sus prioridades", ha denunciado en el mismo acto el presidente para la Administración General del Estado (AGE) de CSIF, Carlos Martínez.

Junto al tema salarial, CSIF ha explicado sus reivindicaciones de cara a la Oferta de Empleo Público (OPE) para este año, que el Ministerio de Función Pública ya ha empezado a preparar y que negociará con los sindicatos este mes de junio.

En este punto, el sindicato reclama que, al igual que en 2024, suponga una creación de empleo neto, es decir que haya más altas que bajas, y que aborde la pérdida de 20.046 empleos acumulada en la última década por la tasa de reposición.

"Hay que eliminar ya la tasa de reposición", ha exigido Martínez, un cambio anunciado por el anterior ministro de Función Pública José Luis Escrivá pero que sigue pendiente.

Esta tasa copa las plazas que se pueden cubrir cada año, lo que dificulta el relevo y la dimensión de unas plantillas envejecidas, puesto que el 21 % de los empleados de la AGE, más de 50.000, tiene más de 60 años y está ya en edad de jubilación.

La situación, han explicado, es especialmente complicada en la Seguridad Social o el SEPE, donde un 45 % de las oficinas están infradotadas de personal.

"Hemos dejado de ser atractivos, la gente no quiere venir a la Administración General", han señalado.

CSIF también denuncia que la tasa de temporalidad sigue siendo inaceptable, con un 30 % cuando la ley fija el 8 %, y emplaza al Gobierno a negociar la reforma que va a arrancar este año para estructurar la AGE en áreas funcionales y que debería acabar, entre otros aspectos, con las desigualdades retributivas entre administraciones públicas.

También han recordado la situación que vive el personal laboral con los cambios en la jubilación parcial anticipada que entraron en vigor el pasado mes de abril y que, a su juicio, han supuesto bloquear el acceso a esta opción. EFE