Aragón afirma que el Gobierno de España "ha puesto precio a los menores no acompañados" para obtener apoyos

Mar Vaquero denuncia que el Gobierno de España utiliza a los menores no acompañados como "moneda de cambio" en el Congreso y critica recortes en el Plan Corresponsables que afectan políticas de atención a la infancia

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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha afirmado este lunes que el Ejecutivo central "ha puesto precio a los menores no acompañados" que llegan a España, a quienes "está utilizando como moneda de cambio para obtener apoyos" en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Gobiernom, Vaquero ha tildado de "inaceptables" las declaraciones realizadas este fin de semana por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien "ha tildado a un Gobierno --el de Aragón-- de realizar políticas que rozan la crueldad" en relación a los migrantes menores no acompañados.

Al respecto, Vaquero ha aseverado que el Gobierno de España "ejerce una política cruel con los menores, priorizando el interés político y la necesidad de supervivencia política por encima del interés superior de los menores en materia de migración", añadiendo que la política de migraciones y de control de fronteras "es indelegable" constitucionalmente.

Ha dejado claro que el Gobierno de Aragón "respeta las decisiones de los tribunales y a los aragoneses", criticando "la absoluta deslealtad" del Gobierno de España, tras lo que ha considerado que el Real Decreto Ley de reparto de menores "es inconstitucional".

La vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo de Jorge Azcón "ha actuado siempre con solidaridad" para "proteger a estos menores". Ha pedido a Saiz que visite esta comunidad autónoma para ver "cómo el Gobierno de Aragón tiene que estar atendiendo" a los menores por "la falta de atención" del Gobierno central y cómo el Ayuntamiento de Zaragoza se tiene que hacer cargo de 40 personas pese a que tienen reconocida la protección internacional.

Para Mar Vaquero, "el fracaso en la política de migración" ha llevado al Gobierno de España a "faltar a los principios constitucionales" y aprobar unos criterios de reparto de menores, en el Real Decreto Ley, conforme a las decisiones que toman sus socios independentistas.

El Gobierno de Aragón transmitirá los datos que le ha solicitado el Ejecutivo central sobre menores no acompañados protegidos por la Comunidad Autónoma si así se lo requiere la justicia. "No estaría de más que la ministra respondiera al Tribunal Supremo, que ha tenido que volver a requerirle que diga qué va a hacer con más de un millar de menores no acompañados que han llegado a Canarias", ha continuado la vicepresidenta, preguntando también a Saiz por qué no responde a una resolución del Consejo de Transparencia para decir cuáles son los criterios para trasladar a los menores y cómo ha decidido repartirlos.

"Ya podía el Gobierno de España trabajar con la lealtad con que está trabajando el Gobierno de Aragón", ha considerado la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, quien defenderá "los intereses de todos los aragoneses y la igualdad con el resto de comunidades autónomas".

PLAN CORRESPONSABLES

En relación al Plan Corresponsables, Mar Vaquero ha señalado que el recorte del 25% del presupuesto de este programa, financiado por el Gobierno de España, "supone alterar la capacidad de respuesta financiera que puede tener el Gobierno de Aragón e implica llevar a cabo modificaciones" en las políticas que recoge este programa, que "se ponen en riesgo", mencionando las políticas de igualdad y de atención a la infancia, conciliación y madrugadores.

"Es una decisión unilateral del Gobierno de España que se ha llevado a cabo sin consenso en la Conferencia Sectorial", ha dicho, recalcando que la mayoría de las comunidades autónomas no han apoyado este recorte, "una nueva decisión del Gobierno de Pedro Sánchez que debilita la cogobernanza, la lealtad y la colaboración institucional".

Por último, ha enfatizado que el Gobierno de España "está en descomposición, rodeado de casos de corrupción institucional, que ya no son supuestos aislados" y que practica "una política de confrontación".

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