El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclama que se reconozca como víctimas del franquismo a las miles de mujeres que fueron recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer "por el mero hecho de no seguir los parámetros morales que establecía la dictadura" con el objetivo de "reeducarlas".
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas recuerdan que esta institución tenía su antecedente en el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas, creado en 1902 bajo la tutela de la Reina María Cristina de Habsburgo, con el objetivo de combatir la explotación de las mujeres.
Pese a que en 1931, durante la Segunda República, fue reorganizado con un enfoque laico y orientado hacia el empoderamiento de las mujeres, su disolución en 1935 dejó el terreno abierto para que el franquismo lo reestructurara con un propósito completamente diferente, convirtiéndolo en "una red de internamiento y control social femenino" y "una herramienta de represión patriarcal y moral".
En 1941, con la dictadura ya consolidada y siendo la esposa de Franco, Carmen Polo, su presidenta de honor, el patronato se centró en la reeducación y moralización de las mujeres, especialmente de aquellas que el régimen consideraba en peligro de caer en la prostitución o que, por su comportamiento, desafiaban los valores y la moral de la dictadura franquista.
FUNCIONÓ HASTA 1985
En esos centros, gestionados por congregaciones religiosas, se internaban a mujeres y niñas con actitudes consideradas transgresoras, incluyendo a aquellas que fumaban, llevaban ropa inapropiada, mantenían relaciones sentimentales o se quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Funcionaron hasta 1985.
Además, fueron espacios de explotación laboral y abuso sistemático, pues las internas realizaban trabajos sin recibir remuneración, sufrían humillaciones constantes y eran sometidas a castigos físicos.
La Conferencia Española de Religiosos (Confer), institución que agrupa a las congregaciones religiosas en España, tiene previsto celebrar el próximo 9 de junio un acto de "reconocimiento y petición de perdón" a las supervivientes del patronato.
Los socialistas sostienen que el reconocimiento de estas mujeres como víctimas de la dictadura tiene cabida en lo previsto en la Ley de Memoria Democrática y, en este contexto, quiere que el Congreso inste al Gobierno a reconocerles esa condición y que lo haga mediante la instrucción expedientes que concluyan en cuantas declaraciones de reconocimiento y reparación personal sean necesarias, para "reparar la memoria" de todas las afectadas por este "órgano represor, de anulación, sometimiento y explotación".
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