Madrid, 21 may (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles a "la derecha" de que los ayuntamientos no dispongan de más financiación, por haber derogado en enero -con los votos de PP, Vox y Junts- el real decreto ley que adoptaba o prorrogaba distintas medidas en diferentes materias.
La también ministra de Hacienda, que ha respondido así en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada de ERC Teresa Jordà sobre si permitirá el Gobierno que los ayuntamientos dispongan de recursos para atender a la ciudadanía, ha dicho, no obstante, que "hay margen para seguir trabajando en mejorar la financiación de las entidades locales".
Aquel real decreto ley, ha recordado la vicepresidenta, plasmaba, entre otras cosas, "la voluntad de este Gobierno de aprobar la actualización de las llamadas entregas a cuenta para que los ayuntamientos pudieran recibir los recursos que les corresponde por la situación económica buena" que -ha asegurado- atraviesa España.
Ese decreto-ley, ha recordado, "no fue aprobado por parte de esta Cámara, básicamente porque votaron en contra los de la derecha que no quisieron que se pusieran en marcha medidas que beneficiaban tanto a ayuntamientos como a entidades locales".
En cualquier caso, ha continuado Montero, el Gobierno "va a seguir trabajando para actualizar esos recursos" y que "en algún momento esta Cámara los pueda aprobar porque, efectivamente, está provocando una tensión innecesaria en las cuentas de los ayuntamientos y entidades locales".
Además, la titular de Hacienda ha renovado el "compromiso" del Gobierno "con la situación financiera de las entidades locales", que ha tratado de corregir hasta ahora con un incremento de la financiación de un 58 % desde 2018, ha indicado.
La diputada republicana, que ha opinado que los argumentos de Montero "no dejan de ser excusas", ha denunciado que los ayuntamientos "tienen impuesta una rigidez fiscal que les impide hacer uso de sus propios recursos para invertir en vivienda, para invertir en gasto social o para invertir en sus infraestructuras".
Jordà ha reclamado al Gobierno una "política valiente" en esta materia y específicamente que reforme la ley Montoro -en referencia a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de 2013, aprobada en la línea de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012-, que "instaló la austeridad en España y que impide que los ayuntamientos hagan uso de sus propios recursos".
Según ha dicho, la derogación de las medidas incluidas en esa ley junto a otras actuaciones pendientes liberaría, "entre remanentes y recursos que deben los ayuntamientos", más de 45.000 millones de euros, con los que, por ejemplo, se podría ampliar el parque público de vivienda. EFE
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