Melilla, 12 may (EFE).- Isabel C.M., la mujer de 86 años a la que el Registro Civil de Melilla dio por muerta erróneamente en vez de a su hijo, ha llevado su caso ante el Defensor del Pueblo para quejarse de la vulnerabilidad de las personas mayores ante los errores de la administración pública.
En la queja, a la que ha tenido acceso EFE, la víctima de este error del Registro Civil de Melilla relata a través de uno de sus hijos, Juan José Florensa, los “enormes perjuicios” que ha sufrido al haber sido dada de baja por el cruce automático de datos del Ministerio de Justicia con el resto de los organismos públicos.
Entre ellos, la mujer perdió el derecho del cobro de su pensión y la vigencia de su DNI y tarjetas sanitarias, sufrió el bloqueo de sus cuentas bancarias y fue dada de baja de Estadística, lo que ha provocado “un verdadero calvario administrativo” que ha tenido que asumir la propia afectada con la contratación de un abogado.
“En este caso, mi madre ha tenido la fortuna de verse arropada e informada con hijos con formación, pues si hubiésemos tardado tres días más, para cobrar su pensión se tendría que abrir un contencioso que hubiese tardado meses en resolverse”, explica Juan José ante el Defensor del Pueblo en nombre de su madre.
Por ello, esta mujer melillense ha presentado una queja ante el organismo que dirige Ángel Gabilondo para resaltar “la situación de vulnerabilidad de las personas mayores ante errores de la Administración, en este caso el Registro Civil”, que carece de protocolos para restablecer la situación de oficio y motu proprio a todos los organismos implicados en su base de datos.
“Tiene que ser en este caso el propio ciudadano el que tiene que hacerlo de forma personal”, lamenta en su queja ante el Defensor del Pueblo, en la que relata el 'calvario administrativo' que ha tenido que vivir como añadido al “dolor por la pérdida de un ser querido”.
En su escrito, la mujer destaca “la amabilidad y diligencia” de todos los funcionarios que les han atendido, pero también las denuncias públicas y quejas oficiales que ha presentado.
Una de ellas, ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la que solicita que se investigue lo ocurrido y se depuren responsabilidades que en derecho procedan en aras al correcto funcionamiento de la Administración Pública y se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones legales estime pertinentes. EFE
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