Sevilla, 12 may (EFE).- La Junta de Andalucía ha decidido personarse ante la Audiencia de Sevilla al considerar que ostenta "un interés legítimo para ser oída" respecto a la cuestión prejudicial que estudia plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de los ERE fraudulentos.
Según ha informado este lunes el Gobierno andaluz, la Junta va a comparecer en el trámite de alegaciones abierto por la Audiencia de Sevilla a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo.
Esta decisión se produce cuando este martes, 13 de mayo, concluye el plazo que se dio la Audiencia de Sevilla para deliberar sobre si eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que planteó sobre el caso ERE de Andalucía a raíz del amparo concedido por el Constitucional (TC) a los principales condenados.
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado en un audio enviado a los medios de comunicación que ha ordenado al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía personarse ante la Audiencia de Sevilla, tal y como ha adelantado hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno.
Sanz ha aclarado que la Junta ha solicitado personarse en este caso "para intentar recuperar el dinero defraudado, casi 700 millones de euros en el mayor caso de corrupción de la historia política", apoyando, de esta forma la cuestión prejudicial que planteará la Audiencia sobre si el Tribunal Constitucional (TC) se ha "excedido de sus funciones".
"Creemos que la sentencia del Tribunal Constitucional puede provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero de fraude a los ERE", ha señalado el consejero.
Andalucía, como "perjudicada y víctima" en este caso, tiene que "ser oída" por el TJUE, según ha explicado Antonio Sanz, quien ha añadido que la orden al gabinete jurídico de la Junta está justificada en la necesidad de "proteger y defender" el interés de los andaluces.
Ha señalado que aunque la Junta de Andalucía retiró su acusación del caso ERE durante un gobierno socialista en 2016 en estos momentos tiene "el interés y la obligación" de recuperar los casi 700 millones de euros, algo que desde el Gobierno andaluz se reclamó en su momento en el Tribunal de Cuentas, lo que "refuerza aún más su legitimidad".
El Gobierno andaluz confía en que a la Junta se le acepte la personación, además de explicar que la Junta ha puesto en marcha todo tipo de actuaciones para recuperar "las cantidades fraudulentas, desde el ejercicio de acciones civiles, el ejercicio de acciones penales, a los procedimientos administrativos de reintegro así como la denuncia ante el Tribunal de Cuentas. EFE
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