El Congreso rechaza la propuesta de Vox para endurecer las penas por matrimonios forzados

Madrid, 6 may (EFE).- El Congreso ha rechazado una proposición de ley presentada por Vox para endurecer el castigo penal de los matrimonios forzados, entre críticas de la izquierda por la vinculación que este grupo hace de este delito con la inmigración o por su rechazo al pacto de Estado contra la violencia de género.

La toma en consideración de esta propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Sumar y de socios como ERC, PNV, EH Bildu y Junts.

El PP por su parte ha votado a favor a pesar de que durante el debate ha advertido de que vincular exclusivamente el matrimonio forzado con la inmigración conlleva estigmatizar, dificulta la prevención y detección, al tiempo que obvia que muchas víctimas son españolas y no de origen inmigrante.

En concreto, la reforma legislativa propuesta por Vox pedía endurecer en seis meses la pena mínima de prisión por matrimonio forzado y dejar así el castigo penal para este delito, regulado en el artículo 172 bis del Código Penal, en una horquilla de un año a tres años y medio de prisión.

El texto propuesto eliminaba además el castigo alternativo de una multa de 12 a 24 meses, fijaba la imposición de la pena en grado superior en el caso de víctimas menores de edad y  en la mitad superior cuando en el marco del matrimonio forzado se utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español.

La diputada de Vox encargada de defender la proposición, Blanca Armario, ha vinculado los matrimonios forzosos con la inmigración y en concreto con la proveniente de países del Magreb, África Subsahariana o Asia Central, donde impera el Islam, que considera una religión que "tiene interiorizado el matrimonio forzoso como un deber".

Vox sitúa este problema sobre todo en Cataluña y ha puesto como ejemplo, entre otros, el caso de las dos hermanas residentes en Terrassa y asesinadas en Pakistán por su negativa a acatar matrimonios contra su voluntad.

El grupo de Santiago Abascal ha recibido fuertes reproches por parte de la izquierda por "instrumentalizar a mujeres y niñas" para difundir mensajes de odio y lanzar el mensaje racista de que "los hombres de otras culturas son violentos por naturaleza", como ha sostenido la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño.

El PNV ha considerado la propuesta sesgada y reduccionista porque solo contempla endurecer el castigo penal y no otras medidas del ámbito civil como elevar la edad mínima para casarse a los 18 años o no cuestionar la estancia en España de quienes denuncien.

Para ERC, Vox se disfraza de un feminismo en el que nunca ha creído y al tiempo cumple con el expediente de "racismo y catalanofobia".

"Hipocresía en estado puro", ha denunciado la socialista Maribel García López, que ha recordado que Vox no solo rechazó el pacto de estado, sino también la ley de protección integral a la infancia que modificó el artículo 177 bis del Código Penal para castigar la trata con finalidad de matrimonios forzados con una pena de cinco a ocho años de prisión.

A las críticas de la izquierda ha contestado el PP, que ve la hipocresía en las "adalides del feminismo" que desde la tribuna señalan con el dedo mientras "miran para otro lado" ante escándalos de violencia sexual en sus filas, o en las "mujeres prostituidas en empresas públicas", en alusión al caso Koldo.

La popular Silvia Franco ha defendido en todo caso el pacto de Estado contra la violencia de género y compartido con otros grupos la necesidad de políticas integrales contra los matrimonios forzados, tipificados como delito en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. EFE