Ser negro en una frontera invisible

Ana Burgueño

San Sebastián, 4 may (EFE).- Ser negro en una frontera invisible como la que separa la localidad guipuzcoana de Irun de la francesa en Hendaya es un problema, sobre todo para los migrantes subsaharianos que se encuentran en tránsito hacia otros países de Europa, pero también para los que residen en la zona, acostumbrados ya a que les pare la Policía gala.

'La isla de los faisanes', ópera prima de Asier Urbieta estrenada este 25 de abril, aborda este asunto. Al actor Sambou Diaby, un joven euskaldun de origen africano y nacido en Pamplona, coprotagonista de la película, le paró la Policía francesa durante el rodaje. A su personaje en el filme, le ocurre otro tanto.

En este caso, la ficción no cuenta nada que no haya ocurrido en la realidad, también la más trágica, que ha costado la vida a cinco jóvenes que vieron en el río Bidasoa una vía de acceso a Francia cuando los controles de la Gendarmería se establecieron física y diariamente en el puente de Santiago y se bloquearon otros puntos de entrada.

Muchos de los que logran cruzar acaban otra vez en Irun porque las devoluciones en caliente siguen siendo "constantes", asegura a EFE Ohiana Galardi Ogallar, miembro de Irungo Harrera Sarea, la red de acogida de Irun.

Esta organización de voluntarios ha sido una importante fuente de documentación para el equipo de la película, como lo fue para alertar sobre una situación que en 2018 emergió de la noche a la mañana cuando las autoridades francesas comenzaron a instalar los controles e impedir el paso de inmigrantes en situación irregular, que quedaban bloqueados en Gipuzkoa sin ningún tipo de respaldo.

"Estos controles estaban en la frontera italiana desde los atentados de 2015 (Charlie Hebdo y Bataclan). En 2018 empiezan a verse aquí porque hay una cambio de la ruta desde el Mediterráneo central a la zona del Estrecho (con la llegada de Mateo Salvini al Ministerio del Interior italiano). Pero lo que queda patente desde el principio es que, aunque la razón sea la amenaza terrorista, son controles migratorios", asegura Galardi.

Los más férreos fueron los de 2021 y 2022, lo que llevó a esos cinco jóvenes que perecieron ahogados a cruzar a nado el Bidasoa. A ellos se sumaron otros tres que murieron arrollados por el tren, ya en Francia; y uno que se suicidó tras ser devuelto a Irun.

A la localidad guipuzcoana también fue devuelto Ibrahima Balde, que había pasado a Francia tras sobrevivir al desierto y al mar, y que cuenta su propia odisea en 'Hermanito' (publicado originalmente en euskera), el libro que firma junto al bertsolari Amets Arzallus y que recomendó más de una vez el papa Francisco, quien recibió a ambos en el Vaticano en 2023.

Arzallus es también voluntario de la red y conoció a Balde en el 'Gautxori', el servicio de acogida nocturna que tiene la red en la estación de Adif para indicar a quienes llegan a Irun en tren o autobús que pueden acudir al albergue gestionado por la Cruz Roja a asearse y dormir.

En la plaza de San Juan, junto al Ayuntamiento, cuenta con una mesa informativa y también dispone de un ropero para quien lo necesite. Dos grupos sin ubicación física se activan puntualmente para acompañamientos por motivos sanitarios o por denegaciones de protección y asilo.

"Ha sido todo un proceso" -añade Galardi- en el que paulatinamente se han ido incorporando instituciones y mejorando las prestaciones hasta disponer de un albergue con cien plazas abierto ya las 24 horas, el que gestiona la Cruz Roja.

"Hay una mesa interinstitucional que coordina la ayuda. Y hay una presión en la calle, la nuestra, que es la que ha generado que las infraestructuras se vayan completando. Estamos también tapando necesidades que no se cubren", añade.

Irungo Harrera Sarea atendió el pasado año a 1.995 personas en el 'Gautxori', a 3.623 en la plaza de San Juan y a 616 en el ropero. Vienen a ser aproximadamente la mitad de los que pasan por la localidad. Mayoritariamente, son jóvenes de países francófonos del África occidental, como Senegal, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Según la cifra global facilitada por la mesa interinstitucional de coordinación, los servicios de acogida atendieron el pasado ejercicio a 6.243 migrantes, un 53 % más que en 2023, aunque por debajo de los 8.115 de 2021.

Galardi señala que, aunque ahora haya "un poco más de aire", existen "controles móviles" que afectan "a las personas racializadas y migrantes". "Hemos constatado devoluciones desde Burdeos", afirma. La red está en contacto con asociaciones que hacen una labor similar al otro lado de la frontera.

Explica que es "una constante" que la policía francesa pida la documentación a residentes de la comarca, donde es habitual cruzar la frontera por trabajo o por ocio. Afecta a menores que llegan tarde al colegio por este motivo, a trabajadores que se retrasan por la misma razón o a gente que va a hacer la compra o a la playa.

La red reclama el fin de esos controles, que además, según destaca Galardi, hacen que otras personas se dediquen a cobrar a los migrantes por ese viaje. EFE

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