València, 4 may (EFE).- La instrucción de la causa penal sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas en la provincia de Valencia, cumple este lunes cinco meses y tiene los siguientes protagonistas:
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, instruye desde el 5 de diciembre de 2024 las diligencias previas 692/2024, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades de ese partido judicial, que han ido aumentado tras las inhibiciones de otros juzgados.
La jueza, que desde marzo se dedica en exclusiva a esta causa tras al refuerzo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, ha tomado declaración principalmente a familiares de los fallecidos y a algunos expertos, así como a los dos investigados, además de reclamar informes y dictar varios autos.
El objeto del procedimiento es el análisis de los fallecimientos y lesiones que se pudieron producir por imprudencia grave, asociados a "una actuación negligente" y "la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población". No investiga los daños materiales, porque según la jueza estos no se podían evitar, pero los "fallecimientos sí".
La causa cuenta de momento con dos investigados, por su "inactividad" pese a su posición de garantes de la seguridad de la población:
- Salomé Pradas: consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 22 de noviembre, cuando fue destituida. Era la máxima autoridad en el Cecopi en el día de la dana y en "el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población". En su declaración, alegó falta de experiencia y delegó la responsabilidad en los técnicos.
- Emilio Argüeso: secretario autonómico de Emergencias o número dos de la Conselleria de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 3 de diciembre, cuando fue destituido. Mantuvo en su declaración judicial una "tesis de la ignorancia" sobre lo que ocurría el 29-O que para la jueza "no se sostiene". La Fiscalía se opuso a su imputación en el momento actual de la causa, aunque este posicionamiento se conoció cuando ya había declarado.
La jueza ha tomado declaración a 250 testigos, en su mayoría familiares de víctimas, pero también a peritos, trabajadores del 112 y a una responsable política: la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La declaración del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha aplazado dos veces: primero porque la testifical de Bernabé se alargó casi siete horas y ya no dio tiempo, y después por los efectos del apagón.
La instructora ha acordado citar como testigos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; a los responsables del 112 y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el día de la dana, y a tres alcaldes de la zona (Paiporta, Catarroja y Sedaví), aún sin fecha.
También a varios peritos especialistas en la gestión de emergencias, a los técnicos responsables del envío del mensaje Es-Alert y a especialistas en ingeniería hidráulica.
Por el momento no ha citado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, a pesar de las peticiones de las partes, dada su condición de aforado. La jueza le ha invitado -a través de sus autos y providencias- a declarar de forma voluntaria como investigado, pero éste ha rechazado el ofrecimiento.
En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que una decena ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.
Las acusaciones particulares las ejercen familiares de los fallecidos o en representación de ellos, como:
- Asociación de damnificados Horta Sud, en la que figuran 114 afectados por las inundaciones de la dana.
- SOS Desaparecidos, que comenzó en representación directa de los familiares de 64 víctimas pero en abril 38 de ellas se salieron por discrepancias con el presidente de la entidad y con la intención de crear una nueva asociación, Víctimas Mortales Dana 29O.
Las acusaciones populares las ejercen, previo pago de una fianza de 6.000 euros:
- Partidos políticos: Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís.
- Sindicatos: FTAP-CGT, Intersindical Valenciana.
- Asociaciones y colectivos: Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més.
Estuvo personada la asociación Hazte Oír, pero la jueza dictaminó que ya no era parte al no haberse admitido sus querellas.
La Generalitat ha pedido personarse como responsable civil subsidiaria, pero la jueza lo ha rechazado al entender que no procede en este momento procesal. EFE
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