
El Congreso de los Diputados iniciará la próxima semana el proceso de ratificación de la última modificación del Estatuto de Roma por el que se creó el Tribunal Penal Internacional, unas enmiendas que incluyen nuevas conductas como crímenes de guerra, entre ellas el uso intencionado del hambre contra la población civil en un conflicto.
España ratificó dicho estatuto el 24 de octubre de 2000 y este entró en vigor el 1 de julio de 2002. Posteriormente, la Asamblea de Estados parte adoptó dos resoluciones, en 2017 y 2019, que incluyen cuatro enmiendas respecto a los crímenes de guerra que se enumeran en el artículo 8.2.
En concreto, dichas enmiendas hacen referencia al empleo en contextos bélicos, tanto internacionales como internos, de ciertas armas biológicas, de fragmentos no localizables y de armas láser cegadoras, así como sobre el uso intencionado del hambre sobre la población civil como método de guerra, en conflictos de índole no internacional.
Desde Moncloa, reivindican que esta ratificación es "coherente con el compromiso" de España con los Derechos Humanos y el TPI, "piedra angular del sistema de justicia penal universal que abandera la lucha contra la impunidad frente a los más graves crímenes cometidos contra la humanidad".
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, subrayó que esa ratificación constituye "una muestra más" del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con "la lucha contra la impunidad y contra los crímenes de guerra y contra la humanidad más graves".
El texto llegará la próxima semana al Pleno del Congreso: el martes se votará su tramitación exprés en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) y en caso afirmativo el jueves se procederá a la aprobación de la ley orgánica para su remisión al Senado.
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