Catarroja (Valencia), 15 abr (EFE).- El sindicato CGT presentará un informe para respaldar la acusación que ejerce en la causa penal por la gestión de la dana en Valencia, que concluye que la Generalitat tenía la obligación legal y los medios necesarios para vigilar los cauces y avisar a la población.
Los detalles de este informe de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) de CGT han sido presentados este martes por el secretario de Formación de este sindicato, Sergio Álvarez, y el letrado Joan Comorera, que representa a la FETAP en la causa judicial que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.
En el mismo se ha analizado diverso tipo de documentación, desde planes de emergencia hasta comunicados o información remitida por la Generalitat al juzgado, y en él se detalla que desde al menos 2023 la Generalitat conocía el sistema Es_Alert de avisos a la población.
También se advierte de posibles irregularidades como la ausencia de un puesto de mando avanzado (PMA) a primera hora del 29 de octubre en La Ribera o a partir de las 14:00 horas en Utiel, y el hecho de que no se constituyese un centro de recepción de medios (CRM).
El sindicato insiste en que la Generalitat tenía la obligación de hacer un seguimiento de la evolución de los cauces en virtud del plan contra inundaciones, así como de hacer rondas cada dos horas entre los municipios potencialmente afectados.
"La Generalitat, además, pudo haber pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar una previsión de la evolución de una determinada cuenca y no lo hizo", ha señalado Álvarez, uno de los autores del informe.
Se recopilan, además, extractos de los eventos de emergencias comunicados al servicio del 112 en la jornada del 29 de octubre para destacar que a las 16:30 horas ya había desbordamientos en la cabecera de la rambla del Poyo en Buñol.
"Se puede hacer una secuencia lógica de lo sucedido a través de las llamadas al 112 con los incidentes que se comunicaban, muchos de ellos cuando ya estaba constituido el Cecopi. Hubo más de dos horas de antelación para evacuar o confinar a la población", ha agregado.
Por su parte, el letrado de la FETAP, Joan Comorera, ha considerado que el procedimiento judicial abierto, pese a estar en una fase embrionaria, ha "probado" que la constitución "tardía" del Cecopi fue "clave para el desastre".
"Queda también acreditado el incumplimiento del plan de inundaciones de la Comunitat y que en todo momento hubo un mando único de la emergencia, que pertenecía única y exclusivamente a la (entonces) consellera Salomé Pradas", ha agregado este letrado.
En la rueda de prensa de presentación de este informe ha intervenido José Carlos Bellver, bombero forestal, quien ha denunciado que el 29 de octubre no se movilizaron más unidades que las que se dedicaron a controlar los cauces, y que fueron desmovilizadas alrededor de las 14:30 horas.
"El día 30 no se movilizó a ninguna unidad, el 31 a 28 personas y el 1 de noviembre a 44, de cerca de un millar de efectivos con los que cuenta este cuerpo, especializado en intervención en emergencias de todo tipo. Hubo una total falta de organización", ha lamentado. EFE
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