València, 10 abr (EFE).- Amnistía Internacional ha publicado este jueves una investigación en la que concluye que las autoridades de la Generalitat Valenciana, con una "respuesta negligente" tras la dana, vulneraron el derecho a la vida y a la integridad física de los afectados por no ofrecer información accesible y a tiempo.
Señala también este informe titulado 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma' que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre "y la falta de un enfoque basado en derechos humanos, contribuyó a una sensación de abandono".
"Esta gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal", añade el informe.
"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas", afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe.
Esta organización coincide con la jueza instructora de Catarroja (Valencia) en que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia "era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana. Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección".
Por otra parte, se advierte también que el Gobierno central "no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia".
El Ministerio de Interior, según consta en el informe, ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia.
Por el contrario, Amnistía Internacional considera que la ley "otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la dana".
Además, se recuerda que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, "a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado".
A juicio de Amnistía Internacional, la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias "es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial".
Varios de los ayuntamientos más afectados han indicado a los autores del informe que no dispusieron de información "suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los Ayuntamientos por parte de la dirección de la emergencia".
En los días posteriores a la tragedia, "la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado o la autoorganización ciudadana, contribuyó a la sensación de abandono".
El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas.
Según concluye, la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa.
Así, se señalan catorce recomendaciones para las autoridades de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y los municipios, que garanticen que nunca más una gestión negligente de una catástrofe ambiental viola el derecho a la vida y a la integridad física.
Entre ellas, además de que se impulsen investigaciones penales, se reclama la revisión de los sistemas de comunicación y de avisos, la adopción de un "enfoque participativo en los procesos de recuperación" y el desarrollo de "planes de formación en emergencias". EFE
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