Madrid, 3 abr (EFE).- Este jueves entran en vigor varios aspectos que se encuentran dentro de la ley de eficiencia de la Justicia, una amplia reforma de la planta judicial que recoge, además, modificaciones en cuestiones como los desahucios por ocupación, las golden visa o la regulación sobre los pisos turísticos.
Esta ley impulsada por el Ministerio de Justicia incorporó durante el trámite parlamentario múltiples enmiendas que reforman distintas leyes.
Estas son algunas de las principales:
La norma introduce un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) que permitirá agilizar los desahucios en los casos de ocupación. Se trata de una modificación en el artículo 795.1 de esta ley, por la que los delitos de usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado (juicios rápidos).
También reforma la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que los propietarios que deseen explotar sus inmuebles como pisos turísticos deberán contar con el consentimiento de la comunidad de propietarios.
Incluye la eliminación de las 'golden visa' o visados dorados al modificar la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. De esta manera, quedan suprimidos los visados y autorizaciones por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.
Corrige un error en la ley de paridad
Esta norma también sirve para corregir el error técnico en la ley de paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que entró en vigor en agosto de 2024 y que suponía la desaparición de la protección de los trabajadores que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados.
En el ámbito de Justicia, crea los tribunales de instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial. De esta forma, los 3.931 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales de instancia.
Estos tribunales estarán apoyados por las Oficinas de Justicia en los Municipios, que sustituyen a los antiguos juzgados de paz y que facilitan al ciudadano las gestiones sin tener que desplazarse a una capital de provincia.
La ley apuesta por la mediación y la solución negociada al conflicto para abordar el exceso de litigiosidad. Así, obliga, en los ámbitos civil y mercantil, a acudir a la negociación entre las partes -los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC)- antes de ir a juicio.
Realiza una reforma del sistema de costas. Hasta ahora, las costas las pagaban quienes perdían el juicio, pero esta norma establece que hay que hacer un intento por llegar a un acuerdo y, si una vez concluido el pleito se demuestra que, a pesar de tener razón, no ha intentado llegar a un acuerdo previo, el juez le va a imponer el pago de costas porque se ha producido un abuso de un servicio público. EFE
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