Madrid, 28 mar (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha planteado, en su informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, reducir la subvención electoral a seis de los 16 partidos políticos al haber detectado irregularidades y deficiencias por importe conjunto superior a los 200.000 euros.
El pleno de este órgano regulador informa en un comunicado de la aprobación de dicho informe de fiscalización, que analiza las contabilidades electorales presentadas por las 16 formaciones políticas con representación en el Congreso y/o en el Senado.
El Tribunal de Cuentas propone en concreto reducir subvenciones a Junts (178.508 euros), Unión del Pueblo Navarro (11.261 euros), Sumar (7.418 euros), PSOE (7.139), Vox (2.501) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (54,85).
Según consta en el informe, los partidos declararon ingresos para financiar la campaña electoral por un importe de 57 millones, un 63% procedía del endeudamiento bancario, un 24% de adelantos de subvenciones y un 12% de las aportaciones de las propias formaciones políticas. Solo un 1% de los recursos fue recibido de aportaciones privadas.
El Tribunal de Cuentas considera justificados gastos electorales por un valor de 58 millones de euros, de los que 33 millones de euros corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25 millones a operaciones de envío de propaganda electoral (mailing).
Entre los gastos electorales por operaciones ordinarias figuran los 6,4 millones de euros destinados a publicidad exterior o los 5,6 millones destinados a publicidad en prensa y radio.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no ha aceptado gastos declarados por los partidos políticos por un importe de casi medio millón de euros (492.851 euros), al considerar que no están "correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral".
La fiscalización constata que ningún partido político ha excedido el límite máximo de gastos electorales previstos, ni tampoco los límites de gastos de publicidad exterior ni de publicidad en prensa y radio.
Los objetivo de esta fiscalización son analizar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, y examinar la regularidad de las contabilidades electorales presentadas al Tribunal de Cuentas por las formaciones políticas obligadas legalmente a ello. EFE
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