Madrid, 24 mar (EFECOM).- El Gobierno español celebra que la Unión Europea (UE) le haya dado la razón sobre su negativa a pagar un laudo arbitral por la retirada de las ayudas a las renovables en 2013 e invocará esta decisión en los procesos que sobre el mismo asunto aún tiene pendientes.
La Comisión Europea (CE) concluyó este lunes que el laudo arbitral de 2018 que ordena a España pagar una compensación a la firma luxemburguesa Antin por la retirada de las ayudas a las renovables constituye una ayuda de Estado ilegal, por lo que ordena a España no efectuar ningún pago basado en el mismo.
"Si España abona la compensación reconocida por el laudo (101 millones de euros) vulnerará la normativa comunitaria", ha defendido el Ministerio de Transición Ecológica en un comunicado tras conocerse la decisión de la UE.
Además, Bruselas ordena que España garantice que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.
Se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013.
La CE también recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de su decisión, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países.
"España valora positivamente esta medida, puesto que confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos", ha dicho el ministerio, recordando que España no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis.
El ministerio asegura que la decisión será invocada por España en las distintas jurisdicciones extranjeras donde el país, en cumplimiento del derecho de la UE, se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos.
Al respecto, espera que los tribunales correspendientes "respeten" la decisión de la CE, "única institución competente para decidir sobre ayudas de estado".
Al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones.
De ellos, se han fallado ya 43 y 8 están pendientes. De los fallados, España ha ganado diez, tres se han anulado y en tres los demandantes han desistido.
La estrategia del Gobierno ha sido la de agotar todas las vías procesales disponibles y, con ella, "está consiguiendo un notable éxito", según el ministerio, además de evitar el efecto llamada que podría provocar la falta de actuación procesal frente a las demandas de las instalaciones afectadas.
En los laudos contrarios a los argumentos de España, los tribunales arbitrales han rebajado en un 85 % las indemnizaciones reclamadas, una proporción "muy alta en la práctica habitual de los arbitrajes" y que deja las indemnizaciones reconocidas en 1.514 millones.
La mayoría de los demandantes originales han vendido los derechos de cobro de los laudos a 'fondos buitre', según recuerda el ministerio, que pone el ejemplo de Antin, que lo hizo en el marco de su opa sobre Opdenergy.
Al hacerlo, Antin desistió voluntariamente a iniciar nuevos arbitrajes contra el Reino de España y se comprometió a solventar cualquier discrepancia en el marco del derecho europeo.
En febrero pasado, un tribunal holandés falló que dos sociedades de ese país que vendieron sus derechos, AES Solar y Ampere, tendrán que indemnizar a España si la CE considera los laudos una ayuda de Estado y un tribunal de un tercer país ordena su pago y España se ve forzada a hacerlo. EFECOM
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