Madrid/Bruselas, 24 mar (EFECOM).- Los inversores afectados por la resolución de la Comisión Europea, que ha declarado ilegal el laudo arbitral que ordenaba a España compensar a Antin por retirar ayudas a las renovables en 2013, estudian llevar el caso al Tribunal de Justicia europeo (TJUE), preocupados por "la intervención" que haya podido tener la comisaria europea Teresa Ribera, que se recusó.
Según un documento al que ha tenido acceso EFE, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y antes vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se recusó en diciembre de los casos en los que podía haber conflicto de intereses de su etapa como vicepresidenta, como el laudo de renovables que exigía la firma luxemburguesa Antin.
No obstante, el despacho de abogados K&L Gates, que representa a los fondos afectados y otras compañías que reclaman compensaciones por la retirada de las ayudas a las renovables, ha destacado este lunes en un comunicado que tiene "dudas" del papel de Ribera y por ello estudia la apelación y llevar al TJUE el caso.
El bufete recalca que la estrategia, ya de inicio, se basaba en litigar en Estados Unidos, Reino Unido o incluso Australia ante, denuncian, "la falta de garantías en Europa".
Para los inversores afectados, "la posible intervención de Ribera beneficiaría directamente a España, su país de origen, donde de hecho ejerció como ministra para la Transición Ecológica y estuvo estrechamente implicada en el asunto y el impago de los citados laudos".
Fuentes comunitarias han confirmado a EFE que desde que se produjo la recusación, el asunto del caso Antin lo ha llevado el comisario europeo de Economía y Productividad; Implementación y Simplificación, Valdis Dombrovskis.
El bufete también recalca que las reuniones posteriores "plantean dudas muy serias sobre la integridad de todo el proceso", ya que el 10 de marzo se reunieron con dos miembros del gabinete de Dombrovskis, "pero ninguno de ellos estaba familiarizado con el caso ni con la serie de disputas generadas tras la retirada retroactiva de las primas".
"Pese a ello, y en apenas dos semanas, la Comisión habría adoptado una decisión sobre si el pago del laudo constituye o no una 'ayuda de Estado', cuando el caso llevaba entre 4 y 6 años abierto", ha aclarado el despacho de abogados.
Los inversores temen que Ribera influyera en el proceso antes de abstenerse, "dando lugar a posibles irregularidades y a una interferencia política indebida que rompería con la seguridad jurídica y la neutralidad institucional". EFECOM
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