Adolfo y su familia se quedan en la calle “sin alternativa ninguna”: “Las administraciones vuelven a ponerse del lado de la propiedad”

Después de cuatro intentos, Adolfo y su familia, en la que hay un niño de 4 años, se han quedado en la calle sin recibir ninguna alternativa habitacional. Adolfo, que vive con su hija y su nieto, trabaja como cuidador de personas mayores y recibe un salario de 1.200 euros con el que no puede acceder a un alquiler en Madrid. Pese a la presión de PAH Vallekas y eludir el desahucio el pasado 24 de junio, finalmente la Policía Nacional ha entrado esta mañana a su vivienda.

El hombre vivía en el mismo domicilio desde hacía diez años, pero no tenía idea de que su propietario había dejado de pagar la hipoteca a CaixaBank. La entidad bancaria “se comprometió hace unos meses a negociar un alquiler social”, que no ha cumplido y que ha dejado “sin alternativa ninguna” a Adolfo y su familia.

Así lo ha anunciado la asamblea de vivienda, PAH Vallekas: “CaixaBank ha incumplido el compromiso de negociación alcanzado con PAH Vallekas a través de la mediadora Tecnotramit y ha desahuciado a una familia con un niño de 4 años sin alternativa alguna”. Asimismo, la agrupación vecinal ha asegurado que “la policía saca con violencia a las vecinas que acompañan a Adolfo, su hija y su nieta”.

“Hay varias compañeras con lesiones por intentar defender a una familia”

La organización también ha denunciado magulladuras entre quienes intentaban evitar el desalojo. “Hay varias compañeras con lesiones por intentar defender a una familia que solo quiere seguir viviendo en la casa en la que llevan años pagando el alquiler”, ha señalado el colectivo.

“Pese a sus porras, sus amenazas y su miseria, hemos demostrado que no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos desahucian”, afirman en su perfil de X. Y es que la asamblea ha denunciado “otro episodio de violencia” por parte de la policía que “ha echado de su casa a Alfonso y su familia por defender los intereses de Caixa, el mayor casero de España y del que somos dueños en un 20%“, añaden.

Del mismo modo, PAH Vallekas alerta de que este es uno de otros diez procedimientos que tiene en marcha el banco valenciano. Aun así, “hemos mantenido el stop para que no fuera otro desahucio silencioso más”. Por eso, aseguran a través de sus redes sociales que “¡la lucha sigue! Los barrios no se venden, los barrios se defienden... Esto ha sido una batalla de muchas, no nos vais a domesticar".

Adolfo fue “engañado” por su casero

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, “el dueño, afectado por la crisis pasada, alquiló el inmueble a Adolfo sin informarle de la situación, hasta que le llegaron las notificaciones de desalojo”. El inmueble ahora pertenece a BuildingCenter, la filial inmobiliaria de Caixabank, pero la entidad “se ha negado a negociar”. La plataforma señala: “Fue engañado y, aunque hemos comunicado esta situación a BuildingCenter, han seguido con la ejecución hipotecaria”.

La situación familiar es aún más delicada porque la hija de Adolfo, madre de un niño de cuatro años, está desempleada. Adolfo explicaba recientemente a Infobae: “Con mi salario no puedo permitirme otra cosa, no tenemos dónde ir. He buscado por todos los sitios, pero si no tienes unos ingresos más altos, nadie te alquila nada”.

A pesar de que el número de desahucios descendió un 45% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, con 4.005 lanzamientos según datos del Consejo General del Poder Judicial, casos como el de Adolfo reflejan que miles de familias vulnerables siguen en riesgo de perder su hogar. La PAH de Vallecas ha denunciado una “ola de desalojos sin alternativas habitacionales en el barrio” tras la eliminación, en febrero, de la moratoria antidesahucios.

Esta medida permitía prorrogar contratos de alquiler con vencimiento entre marzo de 2026 y diciembre de 2027 y limitaba las subidas de renta al 2%. El Congreso derogó la moratoria con los votos en contra de PP, Junts y Vox, pese a que las organizaciones defensoras del derecho a la vivienda ya habían advertido que la suspensión de esta protección social podría afectar a unas 60.000 familias.