Ayuso reclama que haya observadores para supervisar las nacionalizaciones antes de las elecciones por un posible impacto en el censo: “Es ahora cuando esto nos inquieta”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este miércoles la presencia de observadores que supervisen los procesos de nacionalización y regularización impulsados por el Gobierno central antes de la celebración de las próximas elecciones. A su juicio, estos procedimientos deben contar con mayores garantías de control y transparencia, ya que considera que su desarrollo puede tener consecuencias sobre el censo electoral y, por tanto, sobre el reparto de escaños.

Durante un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, la dirigente popular ha mostrado preocupación por el incremento de nuevos ciudadanos con derecho a voto derivado, entre otras medidas, de la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 también criticada por Vox. Una normativa que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que abandonaron España como consecuencia de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

Así, Ayuso ha anunciado que el Ejecutivo madrileño va a continuar recurriendo a todas las vías institucionales y jurídicas que considere oportunas para exigir un mayor control sobre estos procesos. “Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que hagan falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta”, ha afirmado.

“Nacionalizar socialistas”

Según ella, la supervisión debería comenzar antes de la próxima cita con las urnas, al entender que las decisiones que afectan al censo electoral se están produciendo con antelación y podrían condicionar la composición del electorado. En su intervención, ha insistido en que la preocupación no radica únicamente en la jornada electoral, sino en la forma en la que se están desarrollando los procedimientos previos de concesión de nacionalidades y regulación de personas.

De hecho, Ayuso ha vinculado esta situación con una supuesta estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez, preguntándose si el Ejecutivo está intentando “nacionalizar socialistas”. Así, ha acusado al PSOE de utilizar estos procesos para alterar el censo electoral, defendiendo que el Gobierno estaría realizando una “ingeniería” sobre el registro de votantes y favoreciendo decisiones que, en su opinión, permitirían incentivar o desincentivar el voto “según conviene y según el origen”.

La presidenta popular ha ido un paso más allá al plantear que, en determinadas circunstancias, algunos nuevos electores podrían llegar a elegir la circunscripción en la que empadronarse con efectos sobre el reparto de escaños. “Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que, por los restos y por el recuento del voto, quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño”, ha asegurado.

A partir de esta hipótesis, ha cuestionado los mecanismos de control existentes para determinar dónde se inscriben los nuevos ciudadanos con derecho a voto. En su opinión, podría darse la circunstancia de que personas sin una relación estrecha con España puedan influir en determinadas circunscripciones electorales. “Quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio”, se preguntó durante su intervención.

“Una nueva arbitrariedad”

La presidenta madrileña también ha puesto el foco en las consecuencias que, a su juicio, tendría el aumento del número de electores sobre la representación parlamentaria. Según ha explicado, el crecimiento del censo derivado de las nuevas nacionalizaciones y regularizaciones ya estaría modificando el reparto de escaños en la Asamblea de Madrid. En este sentido, ha asegurado que la comunidad pasará de tener “136 a 145 que repartir” como consecuencia de la aplicación de la denominada Ley de Nietos, una situación que califica de “una nueva arbitrariedad”.

Además, ha afirmado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven fuera del país con derecho a voto, ha experimentado un incremento que considera “de manera exponencial e inusual” durante el último año. “Nadie pone en tela de juicio que una persona que lleva tiempo viviendo en España tenga sus papeles, todo lo contrario. Nosotros somos una región que da su sanidad y sus servicios públicos a todo el mundo, pero tendrá que haber una ley, tendrá que haber un orden”, ha manifestado.

En relación con la propia Ley de Nietos, Ayuso ha evitado cuestionar directamente el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, aunque defiende que un asunto de esa trascendencia debería abordarse desde un amplio consenso político y social. “Tendremos que decir todos los españoles quién consideramos que son nuevos españoles”, ha concluido.

*Noticia elaborada con información de agencias.