Barcelona, 4 mar (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido "máxima transparencia" en el acuerdo sobre la competencia de inmigración entre JxCat y el Gobierno, mientras ha denunciado que el pacto ha generado "incertidumbre entre los trabajadores afectados".
En un comunicado este martes, la organización ha manifestado la importancia de que, ante el acuerdo, se garanticen "los derechos y garantías de la plantilla, su seguridad jurídica, sus condiciones laborales y la posibilidad de movilidad con otras administraciones".
El PSOE y JxCat han registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica para la Delegación de competencias en materia de Inmigración.
La norma contempla que los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat tendrá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros.
"Cabe destacar que en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el personal dedicado a extranjería supone entre el 30 % y el 50 % del total de funcionarios", advierte el sindicato.
Según sostiene CSIF, la transferencia "implicaría la reubicación de un elevado número de empleados de la Administración General del Estado (AGE), lo que genera una gran incertidumbre en cuanto a su futuro laboral y condiciones de trabajo". EFE
si/hm/aam
Últimas Noticias
Los legendarios 'raramuri' llegan a España para un entrenamiento en Madrid
Madrid vuelve a ser el epicentro del turismo mundial de la mano de la 46 edición de Fitur
La inflación en eurozona y EEUU enmarca el interés de un mercado atento a la geopolítica
La Audiencia de Bizkaia juzga a un hombre por asesinar a su novia en un brote psicótico
Feijóo cita este domingo a sus 'barones' en Zaragoza para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez
Alberto Núñez Feijóo reúne en Zaragoza a los líderes regionales del PP con la meta de acordar una estrategia unificada ante la iniciativa de Hacienda, que según el partido pone en riesgo la equidad autonómica y favorece intereses separatistas
