Solo el 25 % de los adolescentes pide ayuda a sus padres si les acosan por redes sociales

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Madrid, 24 feb (EFE).- Solo uno de cada cuatro adolescentes pide ayuda a sus padres ante situaciones adversas en redes sociales, como insultos, amenazas o exposición a contenidos inapropiados, según un estudio presentado este lunes en el Senado por Save the Children y Fundación Orange.

La reacción más habitual entre los adolescentes es bloquear a la persona o cuenta responsable del acoso, aunque un 13 % opta por no adoptar ninguna medida. Además, solo el 1 % denunció lo ocurrido ante la policía y únicamente un 5% se lo comunicó a un adulto.

El estudio 'Infancia y Adolescencia en entornos digitales', para el que se ha encuestado a 2.540 personas, pide compromiso a los padres en la protección digital de sus hijos, especialmente en lo relativo al 'sharenting', es decir, compartir en internet imágenes o información de sus hijos sin consentimiento.

El 39 % de los adultos admite hacer 'sharenting' siendo consciente de los riesgos y un 15 % lo hace creyendo que no existen peligros asociados, señala el informe.

Sobre esta práctica, el 16 % de los adolescentes encuestados cree que sus padres comparten mucha o bastante información sobre ellos en redes sociales, y uno de cada cuatro declara sentirse incómodo o muy incómodo por ello.

"Nos preocupa la práctica del 'sharenting', es algo que compromete la seguridad de los menores y su bienestar emocional", ha reconocido el director general de Save the Children España, Andrés Conde, quien ha subrayado que los niños y los adolescentes tienen derecho a controlar qué pasa con su información en el entorno digital.

En esta línea, Conde ha concretado que los padres tienen la responsabilidad de acompañar a sus hijos en la construcción de su identidad digital, pero ha reconocido que la mayoría de los adultos no tiene formación en competencias digitales, lo que les hace sentirse inseguros en este medio al desconocer la manera correcta de actuar.

"No tenemos la formación para hacer esa transmisión de información a los más jóvenes", ha resaltado Conde, quien entre los retos a afrontar ha destacado la creación de mecanismos sólidos de comprobación de la edad, la correcta revisión y etiquetado de los contenidos, el fomento de un diálogo entre padres e hijos, y la formación en ciudadanía digital responsable.

Sobre el uso que hacen los menores de internet, el 41 % de los adolescentes declara que sus padres saben poco o nada de su actividad en el entorno digital, pese a que el 85 % de los adultos considera que saben mucho o bastante.

Asimismo, el 60 % de los jóvenes asegura saber cómo eludir total o parcialmente las herramientas de control parental, y el 65 % considera que éstas limitan su privacidad.

Por el contrario, el 68 % de los padres cree que su derecho a revisar los dispositivos de sus hijos es más relevante que el derecho a la intimidad de los menores.

Sobre el papel de los padres, la mayoría de los docentes encuestados -el 60 %- identifica la falta de colaboración de los progenitores como el principal desafío para formar a los estudiantes en el entorno digital.

En lo relativo al papel del Gobierno, el secretario de Estado de telecomunicaciones e infraestructuras digitales, Antonio Hernando, ha reconocido las "dificultades" a las que se enfrentan los legisladores por los intereses económicos y por "cuestiones territoriales". "La Unión Europea en esto tiene mucho que decir, aunque un país quiere ir más deprisa vamos a tener más dificultades", ha apostillado.

"No podemos quedarnos solamente en los estudios, en los diagnósticos, hay que dar pasos", ha esgrimido el secretario de Estado, quien ha propuesto que se pueda contactar con el teléfono 017 de ayuda en ciberseguridad también por redes sociales para facilitar el acceso a los menores.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, encargado de clausurar la jornada, ha asegurado que España "va muy avanzada al resto de países europeos" en lo relativo a la protección de los menores en el entorno digital.

Pérez ha elogiado el diálogo entre el sector de la industria tecnológica, la administración pública y los desarrolladores de contenido, y se ha mostrado dispuesto a lograr el "mayor consenso de la legislatura" en la aprobación de una normativa. EFE

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