La justicia italiana ordena a Juana Rivas que devuelva su hijo al padre

Granada, 18 feb (EFE).- La justicia italiana ha vuelto a otorgar la custodia del hijo de Juana Rivas y Francesco Arcuri al padre en un fallo que ha ordenado a la vecina de Maracena (Granada) que devuelva al menor a Italia, una decisión que además limita su derecho a ver al niño a estancias en Cerdeña.

El fallo de la Corte de Apelación de Cagliari, de 88 páginas y al que ha tenido acceso EFE, ha destacado que la custodia del menor recae en el padre, Francesco Arcuri, quien la ejercerá “en exclusiva” y con quien debe vivir el menor.

También ha ordenado a la madre que “de inmediato” lo restituya en su lugar de residencia, en Carloforte, aunque el equipo jurídico de Juana Rivas ha insistido en que esta decisión no afecta a la medida cautelar aprobada por un juzgado en funciones de guardia y que frenó la vuelta del niño con su padre.

Este fallo se produce después de que el equipo de Aránguez Abogados que representa a la española forzase la revisión de la sentencia que concedió a Arcuri la custodia de sus hijos. El nuevo pronunciamiento judicial repasa la relación de la expareja y desde marzo de 2019 analiza las continuas denuncias de Rivas al italiano por maltratarla a ella y a sus hijos.

Incluye en ese relato que de los informes de Servicios Sociales italianos sobre los niños “no emergen datos preocupantes ni significativos” respecto a la figura paterna, lo que motivó el archivo de numerosas denuncias de la madre y permitió que el italiano mantuviese la “custodia exclusiva”. Apunta además que Rivas demostró “grandes habilidades de manipulación hacia los menores”.

El fallo también refleja que, en la audiencia celebrada el pasado 15 de noviembre de 2024, el Fiscal General anunció el archivo de las investigaciones abiertas en 2022 contra Arcuri por malos tratos a sus dos hijos y por los delitos de lesiones.

A este archivo suma que Arcuri no se opuso al viaje del menor de los dos hijos a España para pasar la Navidad con su madre y su hermano. El niño partió el 22 de diciembre y estaba previsto que regresara a Italia el 2 de enero, pero ese regreso no se ha producido.

Según el fallo, el equipo de Juana Rivas anunció que el niño no iba a volver y que la decisión no buscaba “violar las disposiciones” de la justicia italiana, sino “proteger temporalmente al menor en su domicilio de cualquier daño resultante de la convivencia paterna”.

Atendiendo a los informes, la sentencia recoge que los malos tratos que ha relatado Rivas o el peligro para los hijos de estar con su padre es el resultado de “su deseo de oscurecer la figura paterna frente a sus hijos”. También apunta que el menor de los hijos declaró el pasado 6 de diciembre su “sincero y fuerte apego” a la vida que ha tenido hasta el 22 de diciembre con su padre en Carloforte.

Con estos argumentos, la sentencia vuelve a otorgar la custodia del menor “exclusivamente” al padre y apunta que es “el único” de los dos progenitores que ha demostrado capacidad de “relación afectiva” y de educación y el que mejor puede asegurar el desarrollo de la personalidad del niño.

Recuerda además que Rivas ya fue juzgada y condenada por un delito de sustracción de menores en 2016 y añade que “parece más que probable” que pudiera repetir su comportamiento y exponer a su hijo “a un grave riesgo de daño psicológico” por separarlos de manera prolongada del padre y de su entorno socioemocional.

Por eso, limita las visitas de la madre a Cerdeña y en momentos reglados, como los fines de semana cada dos semanas, en las vacaciones de Navidad y verano.

También acuerda mantener un seguimiento al menor y realizar una nueva evaluación del niño, que recibirá apoyo psicológico si lo necesita.

El equipo jurídico de Rivas recuerda que el tribunal encargado de este procedimiento es la Sala de lo Mercantil de la Corte de Apelación de Cagliari, “sin especialización en la materia”.

Esto es así, explica, porque la anterior decisión de la Sala de lo Civil de ese mismo tribunal fue revocada por la Corte Suprema italiana, y no habiendo otra sala de lo civil, pasó a la especializada en Derecho Mercantil.

Aránguez incide en que se trata de un menor de 11 años que “ha expresado ante un Juzgado español que siente terror a volver a vivir con su padre”. Tras señalar que Daniel se queda de momento en España y que seguirán ejerciendo todas las acciones que garanticen su derecho a “una vida libre de violencia”, asegura que Rivas cumplirá “cualquier instrucción de la jurisdicción española sobre el menor, que es la que debe decidir sobre su protección, pues Daniel y Juana se encuentran en España”.

Esto es un nuevo episodio que se suma a un recorrido judicial que comenzó hace 16 años con un primer fallo del Penal 1 de Granada, en 2009, que lo condenó a él por lesiones en el ámbito familiar. Esa primera sentencia se convirtió en el cimiento de una causa por violencia machista.

Rivas y Arcuri volvieron a ser pareja, fijaron su residencia en Italia y tuvieron a su segundo hijo, Daniel, que ahora tiene 11 años. A finales de 2016, ella regresó a Maracena, según su relato, huyendo de un día a día de maltrato. Con una abogada de oficio presentó las primeras denuncias, que fueron archivadas, y comenzó un periplo judicial que interrumpió con la desaparición junto a sus hijos para no cumplir la orden de entregarlos a su padre.

Ya en el verano de 2017, cuando Juana Rivas tenía 35 años y sus hijos 2 y 10, esta vecina de Maracena superó las 150.000 firmas de apoyo para evitar que los niños volvieran a Italia con el padre. A su lucha se sumaron de manera explícita políticos como la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

Aunque los representantes jurídicos de Juana Rivas trazaron una estrategia de recursos contra la sentencia que ordenaba a esta vecina a “reintegrar” a los menores con su padre a Italia (su lugar de residencia), ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ni la justicia europea frenaron esa orden.

El 26 de julio de 2017, Juana Rivas incumplió el plazo máximo para entregar a los hijos a su padre y desapareció con ellos, lo que activó una citación judicial y un movimiento social de apoyo que colgó en balcones y ventanas mensajes de ‘Juana está en mi casa’.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada asumió entonces la vía penal del caso y citó a Rivas y a su expareja a comparecer el 8 de agosto, aunque ella no acudió al juzgado, que dictó una orden de búsqueda y detención. Aun estando en paradero desconocido, el 15 de agosto de aquel 2017 Rivas remitió una carta en la que negó tener raptados a sus hijos y en la que narró la “pesadilla de terror” que enfrentaba.

Juana Rivas fue detenida el 22 de agosto de 2017, cuando se presentó en los juzgados de Granada, aunque sin sus hijos, y quedó entonces en libertad provisional. Días después, el 28 de agosto y horas antes de que se cumpliera el plazo judicial para dejar a los menores en el punto de encuentro, los llevó a dependencias de la Guardia Civil.

Los dos niños se reencontraron entonces con su padre, Francesco Arcuri, y regresaron con él a Italia mientras avanzaban las causas sociales y penales en los dos países.

El titular del Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, condenó en julio de 2018 a Juana Rivas a cinco años de prisión y a seis de privación de la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores, una pena ratificada un año después por la Audiencia de Granada.

En mayo 2019, un nuevo recurso llevó el fallo al Tribunal Supremo, que rebajó a la mitad la pena, al entender que solo había un delito. Piñar solicitó la ejecución de la sentencia y Rivas entró en prisión en junio de 2021. Su letrado solicitó su indulto, que el Consejo de Ministros le concedió de manera parcial el 16 de noviembre de 2021. Esa medida de gracia no cambió que la custodia de los dos hijos la tuviera su padre, una medida recurrida.

El Tribunal Supremo de Italia ordenó, en abril de 2024, repetir el juicio civil sobre la custodia de los hijos de Rivas y Arcuri (uno ya mayor de edad), que se ha resuelto ahora con la decisión de volver a otorgar la custodia del menor al padre.

En este contexto, el equipo jurídico de Rivas, Aránguez Abogados, difundió en diciembre de 2024 un vídeo del mayor de los dos hijos de la expareja, que vive con su madre, y que dijo que su hermano estaba en peligro por vivir con su padre. Ese mismo diciembre, el día 22, el menor viajó a España con un permiso especial para ver a la familia materna.

El equipo jurídico de Juana Rivas activó en diciembre una estrategia judicial con nuevas denuncias por maltrato que han sido archivadas ya en 2025 y con las que pedía medidas cautelares para evitar que el menor regresase a Italia.

Aunque el niño debió volver el 2 de enero, no ha salido de España. El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, en funciones de guardia, paralizó el 7 de enero de manera provisional ese viaje, una medida que sigue vigente. Desde entonces y hasta este momento, el menor permanece con la madre, escolarizado en Maracena, donde ha celebrado su 11 cumpleaños.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confiado este martes en que “finalmente se dé la razón al interés superior del menor” en el caso de la custodia del hijo menor de Juana Rivas.

Tras intervenir unas jornadas en Córdoba, Redondo ha dicho a los periodistas que, desde el “respeto a los procedimientos judiciales”, en este caso “hay un interés superior, que es el del menor, y no hay un interés superior del menor que se pueda conciliar con un padre violento, con un padre que ejerza violencia sobre las mujeres y sobre su mujer”.

Además de mostrar su certidumbre “en la aplicación de toda la normativa internacional”, la titular de Igualdad ha asegurado que le “gustaría saber cuál es la opinión de la Junta de Andalucía, que tiene competencia en esta materia, para que también reivindique ese interés superior del menor e incida en la necesidad de que este menor pueda disfrutar de un presente y de un futuro digno y libre de violencia”.

EFE