Madrid, 31 ene (EFE).- Se estima que España podría alcanzar una población de 50,3 millones de habitantes en 2050, de ellos más de 15 millones serán mayores de 66 años (actualmente 9 millones), un escenario que según los expertos incrementará la presión sobre el sistema de dependencia, para el que piden una financiación estable al margen de quién gobierne.
En la jornada 'El reto de la dependencia', organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los investigadores han coincidido en la necesidad de evaluar la eficiencia del sistema de dependencia para asegurar su sostenibilidad.
"No puede ser que la financiación de la dependencia sea discrecional e inestable; un nuevo gobierno puede decidir a lo Trump y no financiar la dependencia porque tiene otras prioridades", ha advertido Sergi Jiménez-Martín, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra.
Para Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en cuidados de larga duración será una de las principales presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años por el proceso de envejecimiento que ya enfrenta la sociedad española por la mayor longevidad y la bajada de la fecundidad, y que se intensificará con la jubilación de la generación del baby boom.
Según estimaciones de la AIReF, este gasto podría alcanzar el 1,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050, impulsado por una tasa de dependencia —proporción de personas mayores de 66 años respecto a la población en edad de trabajar— proyectada del 51,4 % y una población de 50,3 millones de habitantes.
"El gasto en cuidados de larga duración en España, según el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, sigue estando casi un punto por debajo de la media europea (que es del 1,7 %) a pesar de los incrementos de los últimos ejercicios; esa cifra está muy alejada del 4 % de países como Noruega u Holanda, e incluso del 3 % de Suecia o Dinamarca", ha señalado.
El experto ha apostado por una estrategia fiscal a largo plazo que garantizara la sostenibilidad de las políticas públicas.
Jiménez-Martín ha defendido la necesidad de reducir la incertidumbre financiera en las comunidades con una asignación finalista de impuestos.
El investigador ha destacado el crecimiento considerable del presupuesto de la dependencia desde 2021, con un incremento del 19 % en 2022 y un 15 % en 2023, alcanzando los 7.116,8 millones de euros. A nivel nacional, se ha logrado reducir la lista de espera en 11 puntos porcentuales respecto a 2019, situándola en torno al 9 %, por debajo del umbral del 12,7 % establecido en 2021, ha detallado.
"En los últimos años ha sido creciente la aportación del Gobierno, pero algunas comunidades han reducido la suya y por tanto el impacto del sector no es tan grande" pese al aumento de la financiación, ha aseverado.
Para el experto, la financiación privada de la dependencia podría ser una alternativa a futuro para estabilizar el sistema, junto a otras fórmulas que se utilizan en otros países, como patrocinio de seguros o impuestos generales.
En el debate se ha planteado la necesidad de una coordinación efectiva entre la atención sanitaria y la dependencia, y de avanzar hacia un sistema más eficiente y equitativo, capaz de responder a las crecientes demandas del sector. EFE
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