AJFV considera "anacrónico" y "lesivo" para la conciliación el traslado forzoso de jueces cuando ascienden a magistrados

La AJFV alerta sobre el riesgo del traslado forzoso a los tres años para jueces y fiscales, argumentando que compromete la independencia judicial y crea desigualdades en el acceso a la carrera judicial

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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) considera "anacrónico" y "gravemente lesivo" que el Gobierno quiera implantar el traslado forzoso de jueces y fiscales a los tres años de ascender a la categoría de magistrado o fiscal.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, la asociación sostiene que "el concurso forzoso a los tres años de ascender a la categoría de magistrado o de fiscal no se aplica a ningún otro funcionario de España".

"Fue eliminado en la Carrera Judicial en el año 2009, pero, sorpresivamente, ha sido introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal que fue aprobado como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros del pasado 21 de enero", añade.

AJFV ha presentado una batería de alegaciones al nuevo comisario de Justicia de la Unión Europea, el irlandés Michael McGrath, "ya que supone un grave riesgo a la independencia judicial al crear una puerta de atrás para designar a jueces al margen del sistema de oposiciones que garantiza el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

Para la asociación, la reforma "establece una vía de entrada en la carrera judicial para los jueces sustitutos que no se corresponde en modo alguno con el nivel de exigencia y excelencia que ineludiblemente ha de ir anudado a quien pretenda ocupar una plaza en el escalafón judicial".

DENUNCIA TRATO DESIGUAL

"Se pretende, así, tratar de manera injustificadamente desigual a quienes van a ocupar puestos de idéntica responsabilidad", expone la AJFV, que añade que "este sistema excepcional de acceso a la carrera judicial supone un agravio comparativo y un perjuicio directo para los miles de opositores" en España.

Asegura además que afecta a la estructura de la carrera judicial porque, de prosperar, se reconocería una antigüedad ficticia frente a los jueces de ingreso regular por el turno libre.

Según la asociación, el anteproyecto de ley se presenta bajo la idea de que pretende democratizar el acceso a las oposiciones. "En cambio, AJFV defiende que el sistema actual es el democrático y meritocrático, ya que permite que personas de cualquier origen accedan a la judicatura mediante esfuerzo individual", anuda.

Este sistema memorístico, asegura la AJFV, existe también en oposiciones como las de notarías, registradores de la propiedad o médico interno residente y, en el caso de la carrera judicial, continúa la formación en la Escuela Judicial.

"De esta manera, desde 1996, el 66% de los jueces aprobados han sido mujeres, el 74,7% de ellos no tenía familiares en el sector jurídico y el 31,87% proviene de familias sin estudios superiores", expone AJFV en sus alegaciones.

PROFUNDA DESCONFIANZA DEL EJECUTIVO

Para el portavoz de AJFV, Sergio Oliva, este anteproyecto de ley remitido a las Cortes Generales a través del Grupo Socialista "viene a constatar la profunda desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo respecto de los jueces.

"Aunque hay luces en la reforma, como el régimen legal del sistema de becas, lo cierto es que son muchas las sombras que arroja esta ambiciosa reforma", apunta.

En este sentido, incide en que "AJFV se opone a la implementación de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad y entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y de fiscales interinos por no respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Todo ello, concluye, "frente a este trato privilegiado para los jueces sustitutos se quebranta el derecho a la conciliación de los jueces de carrera que ascienden a la categoría de magistrados con el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a la categoría de magistrado".

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