Barcelona, 29 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que el Govern "aplicará con firmeza" el nuevo decreto de vivienda, que contempla multas de hasta 900.000 euros a los propietarios que intenten sortear de forma fraudulenta los topes a los alquileres.
En la primera sesión de control del año al Govern en el Parlament, Illa ha dicho que el decreto aprobado ayer, que la cámara catalana deberá convalidar en el plazo de un mes, "se debe cumplir" porque "en Cataluña la ley se cumple".
En este sentido, ha añadido que el ejecutivo catalán "desplegará en las próximas semanas todos los recursos necesarios para garantizar un cumplimiento efectivo" de la norma, lo que hará "progresivamente".
"Ojalá no tuviéramos que actuar ni que hacer inspecciones, pero desafortunadamente la naturaleza humana es como es", ha completado.
Lo ha dicho en respuesta a la pregunta que le ha formulado la presidenta parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, cuyo grupo pactó el texto del nuevo decreto con el Govern.
Albiach ha apremiado al president a "contratar de forma urgente a un mínimo de cien inspectores", a lo que Illa no ha dado concreción.
La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, sí cifró ayer martes en entre 75 y cien los inspectores que quiere incorporar para asegurar el cumplimiento de la norma, si bien ello queda supeditado a un futuro decreto suplemento de crédito todavía por negociar.
La líder parlamentaria de los Comuns ha defendido que las nuevas sanciones aprobadas son "de sentido común", ya que buscan "perseguir a la piratería inmobiliaria", y ha agregado que "quien cumple la ley no debe sufrir por nada".
Illa, en cualquier caso, ha indicado que "el punto principal" de su política de vivienda es la construcción de nuevos pisos sociales, lo que se suma a medidas como la acordada con los Comuns para "intervenir temporalmente el mercado".
Albiach ha defendido que esta debe ser "la legislatura de la vivienda" y ha invitado a la ciudadanía a acudir mañana frente a la Casa Orsola para frenar el desahucio previsto de unos vecinos que "resisten frente a los especuladores sencillamente porque quieren vivir en su casa".
Sobre la cuestión de la vivienda también ha preguntado el presidente del grupo del PPC, Alejandro Fernández, quien ha dicho a Illa que "sabe perfectamente que no va a poder construir 50.000 viviendas en 48 meses", compromiso que asumió el jefe del ejecutivo al inicio del mandato.
"No es un problema estrictamente de tiempo, sino de modelo", ha asegurado Fernández antes de acusar a Illa de mantener un "discurso hipócrita y populista" en esta materia y de seguir el modelo ensayado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Illa ha rebatido a Fernández que "la realidad desmentirá sus pronósticos", como ya ha sucedido en el pasado en cuestiones como el impacto que tendría en la economía la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). EFE
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