La Guardia Civil ha desarrollado una operación bajo la coordinación de Europol y Eurojust contra una red de "banca clandestina" formada principalmente por refugiados ucranianos que, valiéndose de su estatus de protección internacional concedido tras la invasión de Rusia en 2022, proporcionaban presuntamente servicio de blanqueo a gran escala en connivencia con otras organizaciones criminales.
La operación, de la que ha informado Europol y la Guardia Civil en sendas notas de prensa, ha permitido intervenir 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo tras una investigación que se ha saldado con 23 detenidos, 20 de ellos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.
Según la agencia europea Europol, la red criminal estaba formada principalmente por ucranianos que supuestamente habrían abusado del estatus temporal de la UE concedido a refugiados de este país desde 2022 por la guerra iniciada por Rusia. De esta forma, consiguieron trasladar el dinero en efectivo declarándolo como parte de su propio patrimonio.
También hay armenios, azerbaiyanos o kazajos entre los investigados por formar parte de "servicios de mensajería de efectivo y banca clandestina a otras redes criminales", según ha informado Europol.
La red se servía también de ciudadanos chinos, encargados presuntamente del lavado de dinero para otros actores criminales de habla rusa y asiáticos involucrados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal o el contrabando de bienes ilícitos.
ACTIVIDAD SOSPECHOSA EN AEROPUERTOS ESPAÑOLES
La Guardia Civil ha informado, por su parte, de que la investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones consideradas sospechosas en aeropuertos españoles en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado, a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras.
La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales "a gran escala" utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del "dinero sucio" generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una "compra" del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2% y el 3%, según detalla el Instituto Armado.
La organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre cuatro y seis operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana.
Al principio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la "venta" de ese dinero tanto en España como en países vecinos como Francia y Portugal.
ENTREGAS DE DINERO EN EFECTIVO
La Guardia Civil ha detectado las entregas de efectivo en diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, así como en Chipre, Francia y Portugal, gracias a un entramado criminal que compuesto por al menos 52 miembros.
La red distribuía productos falsificados en establecimientos situados en diferentes puntos de España como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia), aunque la Guardia Civil asegura que era a una localidad cercana a Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados en el entramado.
La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona) y en la misma han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Se han practicado 90 registros, 77 de ellos en España, contando con la colaboración de otros organismos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de Europol.
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