Barcelona, 23 ene. (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciado en el Parlament irregularidades, lentitud judicial, "boicot" y "ofensivas políticas" en contra de la ley de amnistía que involucra, según sus cálculos, a más de 1.600 personas por causas penales y sanciones administrativas.
En una comparecencia ante la comisión de Justicia y Calidad Democrática en el Parlament, el presidente de Òmnium ha presentado este jueves el informe de la Sindicatura por la Amnistía en el que la entidad cultural catalana señala una aplicación "insuficiente" y "desigual" de la ley en los primeros meses desde que entrara en vigor, en junio de 2024.
El informe recoge un total de 1.610 casos amnistiables entre las causas penales y del Tribunal de Cuentas y, por otro lado, las sanciones administrativas; mientras que en el primer informe de octubre de 2024 se le había aplicado la amnistía al 20 % de los casos pedidos, en este nuevo informe se contabiliza que el 40 % de solicitudes han sido amnistiadas, un proceso "de mucha lentitud", según Òmnium Cultural.
En cuanto a las peticiones de amnistía por causas penales y del Tribunal de Cuentas, el 40 % de los 726 casos aún no se han resuelto, mientras que de las 884 sanciones administrativas, se han pedido 35 amnistías, de las cuales se han concedido 17, con cinco todavía pendientes de su resolución.
Según el presidente de Òmnium, en todos los procesos hay una tendencia "clara" de lentitud en la aplicación de la ley por falta de voluntad de los estamentos judiciales y una "doble vara de medir", con resoluciones "rápidas para policías y en cuentagotas para los civiles".
Antich ha añadido que existe "un boicot activo de una cúpula judicial politizada que interpreta arbitrariamente la ley", además de una "ofensiva política" por parte de gobiernos y parlamentos autonómicos, con un total de 15 recursos presentados por estas instituciones políticas en contra de la ley de amnistía.
Por otro lado, Antich ha anunciado que Òmnium Cultural iniciará una denuncia internacional a la Comisión Europea con este informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado de Derecho español. EFE
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