El Congreso prevé votar el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos en el Pleno de la próxima semana, programado para el miércoles 22 de enero, lo que permitirá que el Tribunal Supremo pueda empezar a investigarle antes de que acabe el mes.
La Comisión del estatuto del Diputado ya apoyó por unanimidad conceder el suplicatorio que había pedido el Supremo para investigar a Ábalos por el llamado 'caso Koldo', pero esa decisión debe ser votada en el Pleno del Congreso.
El Reglamento establece que el dictamen debe votarse en el siguiente Pleno "ordinario", que no tendrá lugar que arranque en febrero el nuevo periodo de sesiones, pero fuentes parlamentarias apuntan que los servicios jurídicos de la Cámara interpretan que esa redacción busca no demorar la votación y que, por tanto, se puede incluir en el próximo Pleno, sin esperar a febrero.
EL DÍA DE LA VOTACIÓN DE LOS DECRETOS
El Congreso ya tiene programado una sesión plenaria el próximo día 22 para debatir tres decretos leyes del Gobierno y la previsión es que se aproveche para incluir otro punto en el orden del día para votar la concesión del suplicatorio.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia, y sólo se dará a conocer el resultado. Atendiendo a los precedentes de otros casos similares, es previsible que Ábalos pida intervenir para explicarse ante los demás diputados.
En la votación, los diputados tampoco están obligados a seguir consignas, ya que su voto es secreto, pro en todo caso, y a la vista de que todos los grupos apoyaron la concesión del suplicatorio en la comisión, se da por seguro que se aprobará por una amplia mayoría.
El presidente de la comisión, Manuel Cobo, del PP, subrayó este martes que se había hecho "un buen trabajo" cumpliendo "todos los trámites" y dando audiencia al diputado afectado, que no sólo dio explicaciones verbalmente este lunes, sino que también aportó unas alegaciones de 88 folios.
OCHO DÍAS PARA INFORMAR AL SUPREMO
Ante la comisión, el exministro y ahora diputado del Grupo Mixto ha mantenido que ha sido objeto de una "operación" para tratar de implicarle en el caso de su exasesor Koldo García y que la Policía judicial le ha investigado irregularmente, sin permiso del Congreso. El informe de la comisión hará constar que el afectado alega que ha habido irregularidades en el proceso.
Una vez que el Pleno celebre la votación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del acuerdo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
Y ya con el suplicatorio en la sede del Supremo, lo que se calcula para finales de la próxima semana, el instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, podrá investigar formalmente a Ábalos por esos "indicios bastantes" que ha apreciado de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación
NO SE RECHAZA UN SUPLICATORIO DESDE 1988
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).
En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño, aunque después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.
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