La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reiterado su defensa de la figura de la acusación popular, en respuesta a la proposición de ley presentada este viernes por el PSOE para limitarla, indicando que, si bien se han cometido "abusos", también ha servido para denunciar conductas delictivas, por lo que la asociación fiscal ha hecho un llamamiento a la "sensatez" para evitarlos.
"La Unión Progresista de Fiscales, tradicionalmente, antes y ahora, ha defendido y va a defender la institución de la acción popular. Es una institución consagrada en la Constitución, su finalidad es fomentar la participación de los ciudadanos en la administración de justicia y que ello traiga como consecuencia la dinamización de la Justicia", ha dicho el presidente de la UPF, Félix Martín, en declaraciones a Europa Press.
Martín ha recordado que "ya con ocasión del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2020, donde se establecían serias limitaciones nominativas, entre otros a partidos políticos, a sindicatos, así como a otros entes y organizaciones", tanto la UPF como el Consejo Fiscal --"el órgano democrático representativo de los fiscales"-- manifestaron que no estaban de acuerdo con esas restricciones.
"Por supuesto que observamos el abuso en muchas ocasiones o en algunas ocasiones de determinadas acusaciones populares. Por supuesto que lo observamos en la actualidad y que lo observamos con mucha preocupación", ha añadido.
Y ha propuesto dos medidas para remediar dichos "abusos". "Uno, que la ley establezca medios que permitan a las partes, y en especial por su importancia al Ministerio Fiscal, denunciar esos abusos para expulsar a las acusaciones populares que (la) utilicen de manera torticera para instrumentalizar el proceso, para servir determinados intereses, sean estos los que sean", ha indicado.
En segundo lugar, y "en relación a los partidos políticos", Martín ha empezado por valorar que "en algunas ocasiones ha habido partidos políticos o entidades privadas o sindicatos que han ejercido la acusación popular de una manera adecuada para tratar de denunciar determinadas conductas delictivas".
Tras ello, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos a "la sensatez, la prudencia, el respeto a la profesionalidad de la Justicia y para que, por supuesto, no acudan a la institución de la acción popular para torpedear el ejercicio de la Justicia o para instrumentalizar políticamente la Justicia". "Son los partidos políticos los que tendrían que ser los primeros responsables en no caer en estos abusos", ha sostenido.
Últimas Noticias
Condenado en Almería a 13 años y medio de prisión por agresión sexual y maltrato a su pareja
La resolución del tribunal encuentra probado que el acusado ejerció dominación y control sobre la víctima durante meses de convivencia, mediante violencia e intimidación, mientras un voto particular de una magistrada señala dudas sobre algunas pruebas del caso
Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga)
Un jurado popular resolvió de forma unánime que el hombre juzgado por la muerte de Paula en 2023 cometió asesinato y violencia de género, según fuentes judiciales, tras escuchar las declaraciones del acusado y las partes involucradas
Cuatro años de cárcel para un hombre por blanquear dinero de la droga usando a su hijo de tres años
El tribunal andaluz confirmó el fallo contra quien transfería grandes sumas ilícitas a nombre de su hijo pequeño, tras demostrarse que empleaba maniobras notariales para ocultar el origen narcocriminal del efectivo intervenido en Cádiz
El TS se pronunciará sobre la suspensión de colaboraciones entre la UGR y universidades israelíes
El máximo órgano judicial analizará si la independencia de las instituciones de educación superior permite interrumpir vínculos académicos con entidades extranjeras por razones de derechos humanos, ante casos similares que afectan a diversos campus españoles
ERC, Junts, Compromís y Podemos se unen para modificar las reglas del Congreso y facilitar la creación de grupo propio
La iniciativa busca reducir las barreras necesarias para formar bloques diferenciados en el Parlamento, cambiando los porcentajes de representación permitidos y garantizando una mayor presencia de minorías políticas en los órganos decisorios y en el funcionamiento legislativo
