Sumar, Bildu, ERC, Podemos y BNG han registrado en el Congreso una carta promovida por ciudadanos israelíes residentes en España y dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para demandarle que minimice las relaciones diplomáticas con Israel y promueva sanciones contra los responsables del "régimen de apartheid" contra el pueblo palestino.
La misiva demanda también que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, promueva la cancelación del acuerdo de asociación entre Israel y la UE, así como la suspensión por parte de España de acuerdos comerciales y la imposición de un embargo total de material bélico con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Este colectivo de ciudadanos israelíes, con apoyo de las cinco formaciones, piden la aplicación de sanciones políticas y económicas amplias a Israel mientras persista la violencia ejercida contra el pueblo palestino.
"Nos sentimos impotentes frente a la violencia espantosa que el Gobierno de Israel está ejerciendo en Gaza, Cisjordania y Líbano", ahonda este grupo de israelíes que aseguran estar en un "exilio voluntario" a consecuencia de su rechazo a la política de Israel sobre Palestina.
Los signatarios de la carta reconocen los pasos dados por el Gobierno durante el último año para intentar la "pacificación" del conflicto, como su apoyo a la agencia de la ONU para los refugiados y refugiadas de Palestina (UNRWA), su decisión de "limitar" la compra de armas a Israel y la cancelación de contratos de carácter militar. Y citan también el reconocimiento del Estado Palestino.
GOBIERNO "EXTREMISTA" EN ISRAEL
No obstante, han asegurado que "oponerse a un gobierno (hebreo) mesiánico y extremista para parar la guerra y las atrocidades" es un "llamamiento por la vida de los palestinos" y "no es en absoluto antisemitismo".
"Rogamos que toméis medidas contundentes, que corresponda a la gravedad de la situación para cumplir con la legalidad internacional vigente, dar apoyo inmediato al pueblo palestino y dar esperanza a todos los pueblos de la región, han ahondado en su escrito.
PROHIBIR COMERCIO CON EMPRESAS AFINCADAS EN TERRITORIOS OCUPADOS
Por tanto, entre las medidas que demandan al presiente figura impulsar una legislación que prohíba relaciones comerciales con empresas domiciliadas en territorios palestinos "ocupados" y poner fin con universidades que colaboren activamente con el genocidio en Gaza.
También piden impulsar leyes que permitan la "persecución en España de criminales de guerra". Todo ello mientras permanezca la "anexión ilegal" de territorios palestinos, así como la "persecución policial y segregación racional" contra sus ciudadanos.
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