Acusaciones populares advierten de que su 'expulsión' del 'caso Koldo' podría conllevar la nulidad de la causa

La asociación Hazte Oír, el partido Iustitia Europa y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejercen las acusaciones populares en el 'caso Koldo', han denunciado este jueves que se les pretende "expulsar" o "anular" del procedimiento y han avisado de que ello podría conllevar la nulidad de la causa. También han anunciado que pedirán amparo ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), como ya ha hecho la asociación Liberum, otra de las acusaciones populares de la causa.

Así se han pronunciado en una rueda de prensa celebrada este jueves después de que la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no les permitiera acceder al interrogatorio al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta semana tampoco han podido estar presentes en la declaración del empresario investigado Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García.

El instructor del alto tribunal dejó en manos del PP la dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas en el denominado 'caso Koldo', en el que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares durante la pandemia para la compra de material sanitario y en contratos de obra pública. Designó al abogado de los 'populares' porque fue el primero en presentar querella ante los tribunales.

Francisco Montiel, de ADADE, ha asegurado que la actuación del juez instructor podría conllevar a la nulidad del procedimiento, aunque ha explicado que dicha nulidad tendrían que pedirla las propias acusaciones populares y, de momento, no han decidido si lo harán o no.

Según ha precisado, quieren estudiar sus próximos pasos porque no quieren que su actuación redunde en un beneficio para las defensas. "Hay que valorar el beneficio y el perjuicio que se produce", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "el Supremo aún está a tiempo de corregir".

Montiel ha manifestado que la "única justificación" que tiene el hecho de que el juez Puente no permita el acceso de las acusaciones populares a las actuaciones o a las notificaciones es conseguir un "mayor control del procedimiento" y "evitar las filtraciones". Sobre este extremo, sin embargo, ha asegurado que "la mayoría de las filtraciones provienen del entorno de la Fiscalía, los jueces y la Policía".

"SE NOS PRETENDE EXPULSAR O ANULAR"

Luis Pardo, de Iustitia Europa, ha coincido con el criterio de Montiel y ha criticado la actuación del magistrado. "Se nos pretende expulsar o anular de los procedimientos judiciales", ha dicho, para luego poner en valor el concepto de las acusaciones populares, que "en este país han hecho posible destapar los mayores casos de corrupción que ha habido ante una inacción por parte de quien le correspondería ejercer ese principio, que es la Fiscalía".

Pardo ha incidido en la acusación popular permite a la sociedad civil ejercer "la acción judicial en defensa de los intereses generales más allá de ideología, más allá de que estén de acuerdo o no". Sobre este extremo, además, ha recordado que es una figura que no existe en Europa "porque no hacen falta", dado que "los fiscales no están contaminados por los paridos políticos".

El letrado ha subrayado el hecho de que días atrás otro magistrado del Tribunal Supremo, el que investiga al fiscal general del Estado, descartara unificar las acusaciones populares porque tenían intereses diferentes. A su juicio, esta "discrepancia de criterios" crea un "agravio comparativo muy grave".

Así las cosas, el letrado de Iustitia Europa, que ha reiterado que llevarán el asunto hasta Estrasburgo si es necesario, ha anunciado que pedirán amparo al Colegio de Abogados de Madrid. Esta misma semana, la asociación Liberum adelantó que acudiría a esta institución.

"ATENTADO GRAVE" CONTRA LAS ACUSACIONES

Sobre la actuación del juez Puente, Javier María Pérez-Roldán, de Hazte Oír, ha insistido en que "hay una interpretación muy asentada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto a la unificación de acusaciones", aunque en referencia a casos en los que hay "una pluralidad de víctimas", como el caso de afectados por la colza.

Con todo, ha criticado que "en una época telemática" se les pretenda aplicar un artículo de la ley que se queda "muy atrasado" y ha recordado que las notificaciones ya se hacen a través de Lexnet, no en papel, por lo que --a su juicio-- no hay riesgo alguno de que se produzcan dilaciones indebidas. Según ha defendido, dichas dilaciones "no se evitan" por el hecho de que se unifiquen las acusaciones populares en un procedimiento.

Además, Pérez-Roldan ha defendido que las acusaciones populares no son una cuestión de derechas o de izquierdas y que su unificación supone un "atentado grave" contra su figura.

LA "MODA" DE LA UNIFICACIÓN

Para el letrado de ADADE el sistema de unificación de acusaciones populares "se ha puesto de moda" recientemente, lo que, a su juicio, "ha ido progresando hacia la expulsión". Sobre este extremo, ha criticado que ya no se les permita "acceder a la práctica de las actuaciones ni siquiera pasivamente", es decir, estar presente en los interrogatorios aunque no puedan preguntar directamente a los testigos o acusados.

Montiel ha asegurado que esta situación conlleva a "la desaparición de las acusaciones" y fomenta, "de forma muy desafortunada, el ejercicio de un oportunismo jurídico". "Cada vez que salte en la prensa un asunto con interés mediático habrá personas que se apresuren a presentar una primera personación para ser ellos quienes se queden con la coordinación", ha apuntado.

Con todo, ha defendido que la figura de la acusación "no es un escaparate para lucirse en los medios", sino "un ejercicio del derecho ciudadano". "No estamos aquí por un beneficio propio. Lo hacemos con vocación de servicio", ha manifestado.

Así las cosas, el abogado de ADADE ha añadido que le "hubiese gustado" que la rueda de prensa de este jueves se hubiese celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid y "haber recibido un amparo colegial". El resto de acusaciones también lo han lamentado.