Madrid, 26 nov (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que no puede denegarse la ejecución de una orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra un huido que se ha refugiado en otro Estado miembro de la UE sobre la base de tener residencia en ese Estado.
La vista, celebrada en Luxemburgo ante el TJUE el pasado 13 de noviembre, ha tenido por objeto resolver la cuestión prejudicial del conocido como asunto Sangas C481/23, planteada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según informa la Fiscalía que dirige Jesús Alonso en una nota de prensa.
La cuestión prejudicial está planteada sobre la interpretación de dos motivos (apartados 4 y 6 del art. 4) de no ejecución facultativa de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI).
El caso radica en la decisión de los Tribunales de Rumanía que denegaron la ejecución de la OEDE emitida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre un ciudadano de nacionalidad española, sobre el que recaía cautelarmente la prohibición de salida del territorio nacional.
Tras haber sido condenado en primera instancia a penas que alcanzan doce años de prisión y más de trescientos cincuenta millones de euros de multa por fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos, huyó a Rumanía, que denegó la entrega sobre la base de tener residencia efectiva en aquel Estado.
En su negativa a la entrega, también se hizo referencia a la prescripción de los delitos conforme a su legislación.
Ante esta circunstancia, la Fiscal de la Audiencia Nacional Raquel de Miguel Morante ha pedido en la vista ante el TJUE, que se declare contrario al Derecho de la Unión Europea, en el espacio común de libertad, seguridad y justicia, la negativa por parte de las autoridades judiciales.
La función del Ministerio Fiscal como parte interviniente en defensa de la legalidad y del interés público y social, consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa, de conformidad con el conocimiento del procedimiento en el que ha ejercido acciones penales y civiles, explica la nota de Fiscalía, que señala que tras sus deliberaciones, el TJUE dictará sentencia al respecto.
No obstante, precisa, que el TJUE no resuelve el litigio nacional, y sino que es el tribunal correspondiente, en este caso la Audiencia Nacional, quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.
"Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales de los Estados Miembros que conozcan de un problema similar", concluye la nota.EFE
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