Santiago de Compostela, 23 nov (EFE).- La asociación Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) ha denunciado este sábado la "pasividad y complicidad" de la Xunta, presidida por Alfonso Rueda, ante el "incumplimiento de la legalidad" por parte de la familia Franco sobre las obligación de visitas públicas en la casa Cornide de A Coruña, declarada bien de interés cultural.
La CRMH ha reaccionado así al anuncio por parte de la Xunta de haber recibido una propuesta de la familia Franco de establecer un convenio para abrir al público la casa Cornide, después de que el Gobierno gallego iniciase un expediente de sanción de 3.000 euros por mantenerla cerrada, según explicó este viernes el conselleiro de Cultura, José López Campos.
El inmueble del siglo XVIII en el centro de A Coruña pasó en 1962 a manos de Carmen Polo, la esposa del dictador Francisco Franco, originario de Ferrol, tras ser propiedad del Ayuntamiento de A Coruña, que ha presentado una demanda para reclamar su restitución al Estado.
La CRMH advierte de que el convenio firmado por la familia Franco sobre la apertura del pazo de Meirás -otro inmueble de que los herederos del dictador también reclamaban ser propietarios y que los tribunales restituyeron al EStado- llevó a la Xunta a perder 39.200 euros en gestiones infructuosas.
En ese sentido, la asociación observa que el proceso de la casa Cornide parece seguir el mismo camino que el del pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, en el que "se reproduce la resistencia y la negativa de la familia Franco a cumplir la ley" y a "impedir la apertura" al público.
La CRMH lamenta, además, que esa situación se repita con la "permisividad y pasividad de la Xunta", presidida anteriormente por Alberto Núñez Feijóo, en el caso del pazo de Meirás, y en la situación ahora de la casa Cornide, con Rueda como actual mandatario gallego.
"Reclamamos el cumplimento de la legalidad sin nuevos privilegios a la familia del dictador", indica la citada asociación que pide la "apertura inmediata y gratuita de la casa Cornide durante un mínimo de cuatro días al mes durante cuatro horas".
Además, la citada entidad pide la "devolución para el patrimonio público de ese bien expoliado por el franquismo para su enriquecimiento, un hecho documentado sobradamente", indica.
Observa, por último, la "anomalía democrática que nos apela como sociedad" y que "precisa del compromiso de las instituciones y de los poderes públicos de manera urgente", por lo que invita a interponer acciones judiciales civiles oportunas para anular el título de propiedad de los herederos de Franco sobre ese inmueble coruñés.
El edificio, que perteneció al Ayuntamiento, fue comprado durante la dictadura por el Ministerio de Educación y en la década de 1950 el Ayuntamiento acordó subastarla, de manera que el comprador fue el empresario Pedro Barrié de la Maza, quien la vendió pocos días después a Carmen Polo a un precio más de diez veces inferior al pagado en una aparente transacción ficticia.EFE
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