El abogado valenciano que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) denunciando la "clara inactividad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la "catástrofe" de la DANA ha ampliado su escrito dirigiéndose contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el Consejo de Ministros.
En su escrito, recogido por Europa Press, el letrado Curro Nicolau se dirige al alto tribunal para ampliar su recurso contencioso-administrativo también contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través de su presidente, Miguel Polo, y contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
A su juicio, "resulta evidente que todos ellos tenían competencias concurrentes en la gestión de la crisis hidrológica tanto previamente como posteriormente". "Resulta palmaria en este sentido la absoluta descoordinación con los órganos autonómicos de la Generalitat Valenciana, en la medida que no se ha podido determinar la asunción de responsabilidades en las alertas a la población, lo que también debe llevar a considerar su enjuiciamiento", añade.
También se dirige contra el Consejo de Ministros "al no ser convocado por el presidente del Gobierno en momentos previos y posteriores" al día del desastre y por "su inactividad por tanto al no proceder a declarar el estado de alarma y la declaración de emergencia nacional".
El abogado pide que se "considere dirigido frente a dichas personas y órganos" su recurso "al llevar a cabo gestiones administrativas de la crisis citada y que dieron lugar a una ausencia de advertencia e inactividad temprana para mitigar en gran medida la tragedia sucedida con centenares de fallecidos e incalculables daños materiales".
El letrado se ha dirigido así al Tribunal Supremo después de que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo haya pedido al propio Nicolau, al Abogado del Estado y a la Fiscalía que informen sobre la posible inadmisión del recurso "antes de proseguir con la tramitación" del mismo.
En su primer escrito, Nicolau apuntaba que Sánchez y Grande-Marlaska decidieron no actuar "ordenando la intervención de las Fuerzas Armadas hasta pasadas más de 72 horas desde la inundación comenzada el 29 de octubre".
Explicaba que esto produjo "un claro perjuicio" para su persona y para decenas de miles de ciudadanos en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades como Castilla-La Mancha.
"Únicamente fueron enviados por el Gobierno 500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando había más de 40 municipios afectados, más de 150.000 personas sin los servicios mínimos de supervivencia citados, más de un millar de desaparecidos, y más de 200 fallecidos como consecuencia de la tragedia natural", lamentaba.
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