Madrid, 14 nov (EFE).- La Abogacía del Estado ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que anule el registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "manifiesta y notoria desproporción".
Según adelanta El País, García Ortiz ha recurrido los autos de entrada y registro en su despacho en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron más de diez horas recopilando información de dispositivos electrónicos el pasado 30 de octubre.
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Para la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, esa diligencia de registro, incautación, clonado y volcado de los dispositivos de almacenamiento masivo de información "constituye seguramente el mayor perjuicio que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid".
De hecho, advierte de que en la agenda del fiscal general hay "información que puede comprometer la seguridad del Estado" y los "intereses nacionales".
Esta acción de la Abogacía se suma al recurso de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que previamente ya había impugnado el registro del despacho, respecto del cual el magistrado decidió más tarde acotar el análisis de la información incautada a todo lo que esté relacionado con la causa entre el 8 y el 14 de marzo.
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Por otra parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha pedido citar como testigo a Salvador Viada, fiscal del Supremo que el pasado 30 de octubre sobre las 19:00 horas vio a Sánchez Conde revisando un móvil con García Ortiz en el patio, cuando la Guardia Civil aún estaba llevando a cabo sus pesquisas, "a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro".
Y también señala en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que se aporten las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble de la sede de la Fiscalía General, entre las 18:00 y las 19:45 horas; que es cuando supuestamente se produjo ese encuentro que denuncia Apif, que ejerce la acusación popular en la causa.
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El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia. EFE
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