Madrid, 11 nov (EFE).- El juez que investiga el conocido como caso Koldo ha impuesto el pago de 88.119 euros al comandante de la Guardia Civil investigado por participar y ayudar a cambio de comisiones a la presunta trama que se enriqueció con adjudicaciones de mascarillas bajo apercibimiento de embargo de sus cuentas.
Unos días después de que el Tribunal Supremo acordarse quedarse la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos y devolviese a la Audiencia Nacional el resto de la causa, el magistrado Ismael Moreno ha adoptado medidas para asegurar las posibles responsabilidades económicas del comandante Rubén Villalba.
Está investigado por haber recibido unos 2.000 euros mensuales entre 2021 y 2023 por parte de la trama a cambio de proporcionarles seguridad, bien estableciendo una línea de comunicaciones seguras o bien mediante "inspecciones exhaustivas" que buscaban detectar algún dispositivo de vigilancia o localización, así como por facilitarles información de bases de datos policiales.
Según la investigación, este comandante, que fue cesado como agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela tras su arresto, habría recibido unos 145.049 euros "de origen desconocido". Entre 2021 y 2023, "periodo que abarca los pagos acreditados" de uno de los principales investigados, el presunto comisionista Víctor de Aldama, al guardia civil, dichos pagos concentran el 60,75%.
Además, el juez ha detectado que durante el periodo investigado en las cuentas asociadas al comandante "se ingresa más dinero en efectivo que se retira, siendo su origen desconocido", dado que tanto él como su pareja son trabajadores públicos que reciben pagos por transferencia bancaria.
Con todos estos indicios, el juez ha dado cinco días hábiles para que el comandante afiance 88.119 euros en efectivo en la cuenta de depósitos de la Audiencia Nacional. De lo contrario, librará mandamiento a diversas entidades bancarias para que bloqueen y embarguen más de una decena de cuentas a su nombre y al de su pareja.
El magistrado adopta esta medida en un auto, fechado el 9 de noviembre, que acoge parcialmente las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó las declaraciones de varios investigados.
Entre ellos figuran cuatro colaboradores de Aldama, que le habrían ayudado a ocultar sus bienes mediante empresas en España y en el extranjero, sobre todo Portugal, y su secretaria, quien conocería "el pago de comisiones con dinero en efectivo con motivo de los contratos investigados".
Son casi una decena de contratos públicos adjudicados en 2020 por unos 54 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, cuya selección "habría partido del Ministerio de Transportes" antes de que se publicase la oferta, y donde habría jugado un papel clave Koldo García, asesor entonces de José Luis Ábalos.
La Fiscalía también solicitó las declaraciones de varios agentes subordinados del comandante que habrían realizado ingresos a su cuenta por indicación suya con dinero que les entregaba él mismo en efectivo.EFE
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