Madrid, 25 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid ha contestado que "es falsa" la denuncia hecha este viernes por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre el centro de menores La Cantueña, en Fuenlabrada, pues los menores residentes tienen transporte para acudir a sus actividades de ocio, culturales y deportivas desde el primer momento en el que se incorporan.
Así ha respondido la consejera madrileña de Familias, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la denuncia de Rego a la Comunidad y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ante la Fiscalía, por la puesta en marcha de dicho centro de menores que -dice la denuncia- tiene "un formato de cárcel", algo que atribuye a políticas racistas y de segregación.
En respuesta a la ministra, Ana Dávila, que participaba esta mañana en una jornada de la Dependencia, Residencias y Centros de Día en el Círculo de Bellas Artes, ha afirmado que el Gobierno central "vuelve a señalar" a los profesionales que en Madrid "trabajan en la plena integración de los menores en un centro que será pionero en integración y en formación de menores extranjeros no acompañados".
La ministra debe saber -ha dicho Dávila- que "trabajamos siempre de la mano con la Fiscalía de menores y, por supuesto, estaremos encantados en que la Fiscalía conozca el nuevo centro de La Cantueña, que cumple con todos los estándares europeos".
La consejera madrileña ha añadido que la denuncia del Ministerio de Sira Rego "es absolutamente falsa" porque los menores cuentan con transporte público; con diez vehículos que la entidad gestora del centro pone a su disposición para trasladar a los menores a sus actividades de ocio, culturales y deportivas fuera del centro, desde el primer momento en el que llegan a él.
La consejera madrileña ha instado a la ministra a que "trabaje en la crisis migratoria que está poniendo en riesgo a todos los centros de atención y al sistema de protección de menores" y que tenga en cuenta la denuncia de la Fiscalía sobre "la vulneración de los derechos humanos por el hacinamiento en las salas de asilo del aeropuerto de Madrid Barajas y la violación de los derechos humanos en el campamento de menores que tiene instalado el Gobierno en Alcalá de Henares. EFE
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