Madrid, 15 sep (EFE).- Izquierda Unida (IU) ha impulsado, dentro del grupo plurinacional de Sumar, una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar “todas las medidas oportunas” para “excluir a las empresas israelíes o participadas por capital israelí” de las ferias armamentísticas de defensa o de seguridad que se organicen y celebren en España.
La iniciativa, registrada con formato de proposición no de ley, lleva las firmas de Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, y de los parlamentarios de IU Toni Valero, Fèlix Alonso y Engracia Rivera, junto a las de los también diputados en el grupo plurinacional Txema Guijarro, Agustín Santos y Tesh Sidi, explica este domingo IU en un comunicado.
La iniciativa impulsado por Izquierda Unida pide “excluir a las empresas israelís o participadas por capital israelí que pretendieran participar en las ferias armamentísticas de defensa, seguridad o relacionadas con dichos sectores, tanto privadas como con colaboración pública, que se organicen y celebren en España”.
Y la federación argumenta que a nivel internacional “ya se han producido actuaciones similares” porque, por ejemplo, “en Francia se ha prohibido a Israel participar en la Exposición Internacional de Defensa de París, Eurosatory 2024”.
Izquierda Unida busca impedir la participación de empresas israelíes en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) de 2025, que organiza la fundación del mismo nombre fundada por el Ministerio de Defensa.
“Su próxima edición se celebrará el 12, 13 y 14 de mayo de 2025 en Ifema (Madrid). Esta feria cuenta con 58 países representados por delegaciones y empresas internacionales, entre las que se cuenta Israel, según expone su propio dossier comercial”, aseveran en el comunicado los diputados que respaldan la proposición no de ley.
La proposición no de ley también plantea “con claridad” que desde el Estado español se debe “impulsar ante la Unión Europea la elaboración de un marco normativo que permita evitar la participación de delegaciones gubernamentales y empresas del sector de defensa o seguridad de países que pudieran estar cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra personas o bienes de carácter civil u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales”.
Y, asimismo, el texto reclama también al Gobierno que promueva “ante las administraciones autonómicas y municipales la elaboración de códigos éticos para regular la cesión de espacios públicos para la celebración de ferias, exposiciones y demás eventos del sector armamentístico o de seguridad con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa estatal e internacional relacionada con el comercio de armas y los derechos humanos”. EFE
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