Madrid, 23 ago (EFECOM).- España, en coordinación con la Comisión Europea (CE), ha consignado el importe del laudo condenatorio por las primas a las renovables como medida para desbloquear el embargo de los ingresos que Eurocontrol transfiere a Enaire por la gestión del tráfico aéreo y recuperar, así, la normalidad en sus abonos.
En julio pasado, un Tribunal de Apelación de Bélgica autorizó el embargo de 32 millones de euros en ingresos de España a través de Enaire por un laudo condenatorio por las primas a las renovables.
La deuda original era de 28 millones de euros, a los que se suman los intereses de demora, explicó entonces la empresa denunciante, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, según el cual, la factura total es de unos 41 millones si se tienen en cuenta los 4,6 millones adicionales en concepto de costas en este mismo asunto.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han explicado este viernes a EFE que la consignación "debe considerarse como temporal y condicional, cuya finalidad es garantizar la continuidad de las actividades de Enaire y, al tiempo, permitir que España defienda sus derechos en el proceso judicial belga, cosa que hasta ahora no ha podido hacer".
"Confiamos en que los tribunales belgas finalmente devuelvan el importe consignado", ha agregado la misma fuente.
El caso belga se suma a los que se han ido produciendo en varios tribunales británicos, donde existen varias demandas contra España por el impago de los laudos condenatorios por la retirada de las primas a las renovables, así como en Australia y Estados Unidos.
Las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, junto a otras políticas lesivas para las renovables, como el ‘impuesto al sol, ha recordado la fuente.
Se presentaron 51 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial- ante el que en total reclamaban más de 10.000 millones de euros.
Para poner solución a este problema, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2019 una norma para garantizar a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4 % hasta finales de 2031.
Gracias a la aprobación de medidas compensatorias, "se han frenado radicalmente las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente".
España, que ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales y, de hecho, sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden a apenas a 1.500 millones, han destacado fuentes del ministerio. EFECOM
kot/may
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