Madrid, 26 jul (EFE).- La Audiencia Nacional ha ordenado poner en libertad provisional al empresario español Manuel Terrén, investigado por una supuesta trama de tráfico ilegal de "diamantes de sangre" en Sierra Leona al considerar que los hechos podrían estar prescritos.
Lo ha acordado la sección cuarta de la Sala de lo Penal en un auto en el que admite el recurso de la defensa y de la Fiscalía contra el auto del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, por el que se acordó su ingreso en prisión el pasado 5 de julio por el delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
La Sala entiende que si bien no se puede "obviar" que se trata de un delito castigado con una pena de 10 a 15 años de cárcel, tampoco se puede "desdeñar el largo tiempo transcurrido desde que los actos de cooperación necesaria atribuidos al referido investigado ocurrieron", hace al menos 17 años, por lo que podrían estar prescritos.
A esta circunstancia, la Audiencia añade el arraigo que el investigado, residente en Brasil, tiene en España, su carencia de antecedentes penales y su enfermedad, "lo que disminuye el riesgo de huida".
Los hechos investigados se refieren al intercambio de diamantes por armas realizado desde 1997 hasta 2002, durante la guerra civil en Sierra Leona, entre los miembros del bando rebelde, el Frente Revolucionario Unido (FRU) y el investigado Manuel Terrén.
Los diamantes procedían de las minas del distrito de Kono y eran extraídos por personas civiles o por prisioneros, que eran obligados a trabajar en régimen de exclavitud.
"Como quiera que los hechos datan de tanto tiempo, no resultaría extraño que estuvieran prescritos, cuya declaración resulta prematura en este momento de tramitación procesal, aunque es una inferencia válida a los efectos del mantenimiento o la modificación de una medida cautelar tan drástica como la aquí controvertida", concluye la Sala.
La causa contra Terrén se abrió al admitirse una querella de una persona que denunció que fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu.
Según exponía la querella, durante "el conflicto armado en Sierra Leona, en el que murieron 70.000 personas y 2,6 millones de ciudadanos fueron desplazados, tanto el querellado como otros empresarios extranjeros, jugaron un papel clave en dicho conflicto mediante la actividad de la empresa Orfund Group S.A, financiando el esfuerzo bélico con la venta de los llamados diamantes de sangre o diamantes de zonas de conflicto".EFE
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