Igualdad pide que registros avisen de que cometer fraude con ley trans tiene consecuencias

Madrid, 13 jun (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha enviado a los registros civiles un documento explicativo de la ley trans en el que advierte de que quien solicite el cambio registral del sexo de mala fe e incurra en un fraude "tendrá que responder ante la ley".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha descartado que se vaya a modificar la ley trans con el objetivo de evitar los posibles fraudes de ley, puesto que "en el 99,9 % de los casos" se utiliza bien y es "una muy buena" norma que ha permitido que "5.156 personas hayan transicionado en absoluta libertad".

Tras reunirse con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien le ha solicitado la modificación de la norma estatal que permite la autodeterminación del género, Redondo ha precisado que en todas las leyes "siempre hay algún abuso o algún fraude", pero es "mínimo, es puntual" y no se producen modificaciones legales.

"La ley, por definición, es universal y está pensada para la generalidad de las personas", ha declarado tras el encuentro a los medios de comunicación, para añadir que ante el 0,01 % de los casos que puedan incurrir en fraude de ley "tienen que estar los servicios jurídicos, tiene que estar la Fiscalía si se tiene conocimiento y hay una denuncia y estarán los jueces en definitiva".

Ahora bien, Redondo ha explicado que ante las posibles dudas en la aplicación de la ley, Igualdad ha enviado un "díptico" informativo a los registros civiles para "poner negro sobre blanco lo que ya dice" la norma y para "que la gente sepa que no puede defraudar, que la gente sepa cuando va a hacer su transición que no puede abusar de la ley".

En el citado documento, se destaca en letras mayúsculas que "los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" y se añade que "es importante recordar que quien actúe en fraude de ley para acceder a beneficios que no le corresponden, tendrá que responder ante la ley".

También se indica que quien cambie de sexo estando condenado por violencia de género no eludirá dicha condena.

A su vez, la consejera de Madrid ha denunciado que la ley trans presenta "grandes fisuras" que han permitido que agresores de violencia de género hayan cambiado su sexo para intentar acceder a recursos o ayudas específicas para las víctimas: "Hemos recibido denuncias, hemos recibido amenazas y necesitamos claramente que se haga algún tipo de modificación para que estos casos no se vuelvan a repetir", ha dicho.

Dávila ha mostrado su "profundo descontento" ante la "total negativa" del ministerio de modificar la ley para incluir una definición del fraude de ley.

Sin embargo, Redondo ha criticado que la Comunidad de Madrid hable de casos de fraude de ley, pero no haya presentado un informe al Ministerio donde los detalle: "Si tienen datos, que los aporten, eso lo hemos pedido. Si tenéis datos de tantos abusos, de tanto fraude, de tantos problemas, facilitadnos esa información porque no nos consta", ha señalado.

Durante la reunión, la ministra y la consejera han abordado también el desencuentro entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid tras la modificación de la ley trans autonómica, que exige a los menores que quieran acceder a una terapia hormonal para cambiar de sexo contar con el apoyo de salud mental durante todo el proceso farmacológico y, en el caso de tener dos o más enfermedades, recibir un informe favorable del médico que les está tratando.

La norma autonómica fue recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, mientras que el Ejecutivo aún no ha planteado recurso de inconstitucionalidad, ya que se puso en marcha una Comisión Bilateral con la comunidad con el objetivo de "solventar las discrepancias", una comisión que tiene hasta septiembre para llegar a un acuerdo.

Redondo ha reconocido que "el planteamiento de partida es muy distinto" y ha reconocido que "lamentablemente" no podrán llegar a un acuerdo porque "desde la Comunidad de Madrid insisten en patologizar a estas personas, en negarles la libertad", algo que el Gobierno "no va a consentir ni tolerar".

Dávila ha defendido que la administración autonómica tiene las "competencias exclusivas en la protección de los menores y también en la salud, tanto física como mental, de todas las personas" y considera que todo menor que manifieste que desea cambiar de sexo debe ser "acompañado por un equipo multidisciplinar en el que también haya un acompañamiento psicológico".

A su juicio, el acompañamiento psicológico es "indispensable" en una situación en la que "el menor todavía no tiene la madurez suficiente para tomar una decisión que es irreversible en su vida". EFE

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