
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deliberará el martes 25 de junio sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en la causa en la que el exconseller de Interior, Miquel Buch, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà (condenado a cuatro años) como cargo de confianza para que escoltara al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el extranjero. En una providencia consultada por Europa Press este jueves, la sala de apelaciones ha dado cinco días a los implicados en la causa, que está pendiente de recurso, para que se posicionen sobre la aplicación de la nueva ley en este caso. Una vez el tribunal conozca la posición de las defensas y de la Fiscalía, deliberará y votará si aplica la amnistía a Buch y Escolà, que en la sentencia de la Audiencia de Barcelona en septiembre de 2023 también fueron condenados a 20 años y 10 años de inhabilitación, respectivamente, por delitos de prevaricación (solo Buch) y malversación (los dos). Respecto a este último delito, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo (TS) se han mostrado en contra de amnistiarlo porque creen que los enjuiciados por el 1-O tuvieron ánimo de lucro y que su actuación afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prevé para el próximo martes una Junta de Fiscales para fijar criterio sobre la aplicación de la nueva ley. Este mismo jueves la sala de apelaciones del TSJC ha dictado siete providencias más en las que pide que se posicionen sobre la aplicación de la amnistía a todas las partes implicadas en estas causas pendientes de recurso. En todos los casos, el tribunal da cinco días a acusaciones y defensas para que planteen sus argumentos sobre cómo afecta la nueva ley a la causa, y las deliberará y votará todas el martes 25 de junio entre las 12.50 y las 14 horas (la de Buch y Escolà será la última). MÁS CAUSAS EN EL TSJC La Sala Civil y Penal del TSJC ya activó el procedimiento que prevé la Ley de Amnistía para las causas que le competen desde el mismo día en que entró en vigor, el martes, como la condena al expresidente del Govern Artur Mas por el 9N junto a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconellera Irene Rigau, y la condena por desobediencia al expresidente Quim Torra. También preguntó a las partes de la causa pendiente de juicio a la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga; el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. El mismo martes, preguntó a los implicados en la causa que afecta al exdelegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, que fue inhabilitado un año por desobediencia en el 1-O, y el exconcejal de Lleida Pau Juvillà, inhabilitado seis meses por desobediencia al no retirar lazos amarillas y una bandera estelada de la ventana del despacho de su grupo municipal en el Ayuntamiento.
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